Asunción, 7 jun (EFE).- La Articulación por Curuguaty, que apoya a los once campesinos procesados por la masacre que en 2012 causó la muerte de 17 personas y la destitución del presidente Fernando Lugo, afirmó hoy que la Fiscalía paraguaya nunca demostró a lo largo del proceso la culpabilidad de los acusados.

El juicio contra los acusados está próximo a terminar, y el próximo 14 de junio se iniciarán los alegatos finales de la Fiscalía y la defensa, coincidiendo con la víspera del cuarto aniversario de la masacre.

Once campesinos están siendo procesados desde el pasado mes de julio en Asunción por los cargos de invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa, este último cargo vinculado a las muertes de seis policías durante la masacre.

Mientras, no hay ningún imputado por la muerte de once campesinos durante el tiroteo que acabó en matanza, originado cuando varios centenares de policías acudieron a desalojar a unos 70 campesinos que ocupaban unas tierras del distrito de Curuguaty (este) para pedir que se integrasen a la reforma agraria.

Además de conducir una investigación parcial, solo centrada en las muertes de los policías, la Fiscalía paraguaya no pudo demostrar que los campesinos acusados sean culpables de ninguno de los cargos que se les imputan, dijo hoy a Efe Néstor Vera, de la Articulación.

Vera explicó que la reconstrucción de los hechos, realizada la pasada semana en el lugar donde ocurrió la masacre, evidenció que los policías tenían posiciones privilegiadas para disparar, lo que podría implicarles tanto en las muertes de los campesinos, como en las de los policías.

Además, ninguno de estos policías pudo identificar a uno solo de los acusados como participante en los hechos que desembocaron en la masacre, sostuvo Vera.

Por otra parte, las pruebas sobre los cadáveres de los policías, que podrían esclarecer la procedencia de los disparos que terminaron con sus vidas, se extraviaron, se colectaron de manera irregular o no llegaron a realizarse, recordó Vera.

En relación con el cargo de invasión de inmueble ajeno, además, el Estado paraguayo aún no ha resuelto el litigio que mantiene con la empresa Campos Morombí por la titularidad de las tierras donde tuvo lugar la masacre, que la estatal Comisión de Verdad y Justicia consideró en 2008 como “tierras mal habidas”, es decir, usurpadas ilegalmente.

Por último, en relación con el presunto delito de asociación criminal, la Articulación reitera que la organización que componían los acusados tenía como fin la ocupación pacífica de las tierras para su incorporación a la reforma agraria, y había sido reconocida por organismos estatales.

Por todo ello, la Articulación, unida a artistas y activistas por los derechos humanos solicita la absolución de los once campesinos, a través de la campaña “Es tiempo de libertad”, que será presentada este martes.

Apoyan la iniciativa referentes internacionales como el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, las Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas o Mirta Baravalle, o el secretario general de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman.

A ellos se suman artistas locales como el cantautor Ricardo Flecha, los cineastas Juan Carlos Maneglia y Tana Schémbori, autores de “7 cajas”, así como activistas que han dado seguimiento al proceso, como el sacerdote jesuita español Francisco Oliva.

La masacre de Curuguaty sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado para impulsar un juicio político contra el presidente Fernando Lugo, destituido una semana más tarde en un procedimiento calificado de “irregular” por organismos internacionales, y que le valió a Paraguay su suspensión temporal del Mercosur.