México, 24 ene (EFE).- La fiscalía de México deberá informar sobre el número de personas, entre ellos funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), que han declarado por el caso Odebrecht, indicó hoy el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El INAI ordenó a "la Procuraduría General de la República(PGR) dar a conocer el número de personas que, hasta el 28 de agosto de 2017, han sido llamadas a declarar por el caso Odebrecht", detalló el organismo en un comunicado.
La información deberá estar desglosada por el número de servidores públicos o exfuncionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y, en su caso, si han declarado directivos de Odebrecht, así como dar a conocer el número de fojas que conforman la referida carpeta de investigación.
En respuesta a un particular que solicitó dicha información, la PGR, por conducto de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, señaló que los documentos que sustentan la investigación eran considerados como reservados por cinco años o por el periodo del cual subsistan las acciones de persecución.
Inconforme, el particular interpuso un recurso de revisión ante el INAI, en tanto la PGR reiteró su respuesta original.
En la sesión del pleno, el INAI coincidió en que es procedente el acceso a la información, previa ponderación, al existir un interés público que prevalece sobre el supuesto de reserva, tal y como establecen las leyes Federal y General de Transparencia.
Además, la información requerida se refiere a aspectos cuantitativos sobre la actividad desplegada por la PGR con motivo del caso Odebrecht, "por lo que no se solicitan aspectos específicos que pudieran afectar, directa o indirectamente" las pesquisas.
La constructora Odebrecht está envuelta en un escándalo tras admitir el pago de sobornos en 12 países por unos 788 millones de dólares.
En México, el caso apuntó hasta al director general de Pemex entre 2012 y 2016, Emilio Lozoya, acusado de recibir 10 millones de dólares de la petrolera.
El pasado diciembre, México impuso una sanción a Odebrecht y la inhabilitó durante cuatro años para obtener contratos públicos en el país, después de que se demostrara el cobro indebido de 119 millones de pesos (6,2 millones de dólares) en el proyecto de una refinería.