México, 16 jun (EFE).- México no discrimina a las gasolineras de origen estadounidense, aseguró este martes la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) como respuesta a las acusaciones vertidas el lunes por la American Petroleum Institute (API) de una limitación a la actividad de sus compañías asociadas.

“El procurador federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, aclara que, independientemente de su origen, las franquicias, sean españolas, holandesas, inglesas, estadounidenses o mexicanas, deben cumplir con las Leyes y Normas Oficiales Mexicanas”, recoge el comunicado enviado a los medios.

En una carta conocida este lunes y fechada el pasado 11 de junio, la API denunciaba, entre otros puntos, que la Profeco inspecciona las estaciones de repostaje de origen estadounidense con la “presencia coercitiva” de la Guardia Nacional, la fuerza de seguridad cívico-militar creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La nota del organismo de protección del consumidor aclara que no hay trato discriminatorio, sino que la “Guardia Nacional interviene cuando de manera ilegal una estación impide ser verificada o impide la colocación de sellos”.

La Profeco recordó que el proceso de verificación mexicano “no es nada diferente a lo que se realiza en Estados Unidos”.

Esta respuesta se refiere solo a una de las acusaciones hecha por la API, que denunció además “crecientes dificultades” para obtener o renovar permisos de operación de gasolineras por retrasos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

También acusaron a la CRE de negarles la licencia con base en requisitos no previstos en la ley.

Asimismo, destacaron que las autoridades mexicanas eximen a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) de cumplir con la norma ambiental de contaminantes en la gasolina que sí exigen a los extranjeros.

Los estadounidenses también señalaron afectaciones por la nueva Política Pública de Almacenamiento de Petrolíferos, que entrará en vigor el 1 de julio, cuando requerirá que las empresas petroleras cuenten con un mínimo de cinco días de reservas.

La API consideró esta medida “problemática” porque la estatal Pemex posee la mayoría del almacenamiento certificado, mientras que los otros participantes de la industria no han recibido permisos para construir nuevos centros de abastecimiento.

Por otro lado, aseguraron que la Secretaría de Energía (Sener) obstaculiza permisos para importar gasolinas de las refinerías de Estados Unidos.

Acusaron también a la CRE de una resolución “opaca” diseñada para darle ventajas a Pemex en los precios al menudeo.

Por último, cuestionaron el retraso de permisos para nueva infraestructura de parte de Sener, la CRE, la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente (ASEA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

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