México, 4 jul (EFE).- El oficio que recibieron los soldados mexicanos participantes en el caso Tlatlaya, en el que 22 personas murieron a manos de militares, contenía instrucciones de privilegiar el respeto a los derechos humanos, insistió hoy la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en respuesta a las acusaciones de una ONG.

A través de un comunicado, la Sedena informó que el documento en cuestión contiene una serie de instrucciones operativas para el relevo de la base de operaciones de San Antonio del Rosario, Estado de México.

“Mediante 38 indicaciones, busca proteger la vida de las personas y la seguridad de las tropas y privilegiar el respeto a los derechos humanos, lo que se acredita en varios párrafos del documento”, apunta el comunicado.

Esta fue la respuesta a un informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) sobre lo ocurrido en Tlatlaya, en el Estado de México.

El documento “Tlatlaya a un año: la orden fue abatir”, presentado el pasado jueves, fue integrado a partir de la información a la que la ONG accedió al ejercer la representación legal de una de las testigos sobrevivientes de los hechos.

Según un oficio militar al que tuvieron acceso, los militares mexicanos que participaron en los hechos tenían la orden de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

El 30 de junio del año pasado, 22 presuntos delincuentes perdieron la vida en una bodega de Tlatlaya, en el central Estado de México, la mayoría de ellos asesinados por soldados (15 según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH), a pesar de que se habían rendido.

Según la versión inicial presentada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los 22 supuestos miembros de una banda de secuestradores fallecieron en un enfrentamiento armado con las tropas.

No obstante, esa versión fue desmentida por una de las tres sobrevivientes, quien aseguró que un civil había muerto en el enfrentamiento y los demás habían sido asesinados tras un interrogatorio, lo que desencadenó la detención de los militares y su procesamiento en los fueros civil y castrense.

En el comunicado publicado hoy se exponen algunos de los párrafos del documento como que los efectivos tienen que actuar “en forma contundente y conforme a derecho, prevaleciendo en todo momento el respeto a los derechos humanos y a la observancia de la ley para prevenir y sancionar la tortura”.

“La prioridad durante las operaciones será garantizar la seguridad de las personas inocentes, evitándose generar víctimas colaterales”, agrega otro de los puntos señalados por la Sedena.

Del análisis de la totalidad del documento, insiste, se desprende que “su propósito es que las operaciones del personal castrense se ajusten al marco jurídico vigente que contempla el respeto irrestricto a los derechos humanos”.