México, 16 dic (EFE).- El Senado mexicano aprobó una ley para prevenir y sancionar el robo de hidrocarburos, que impone penas de hasta 15 años de prisión y multas equivalentes a 15.000 días de salario mínimo vigente, informó la Cámara alta.

Se trata de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de hidrocarburos, aplicables a petrolíferos o petroquímicos y demás bienes asociados a la producción, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos, que fue enviada al Ejecutivo para su promulgación.

El decreto reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 de la Constitución, del Código Fiscal de la Federación y del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El dictamen, avalado la noche del martes con 66 votos a favor, 21 en contra y cuatro abstenciones, establece sanciones a quien sustraiga hidrocarburos de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, señaló el Senado en un comunicado.

También a quien “compre, enajene, reciba, adquiera, comercialice, negocie, resguarde, transporte, almacene o distribuya hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores”, añadió.

Dichas conductas se penarán acorde a la cantidad de hidrocarburos interceptada.

Cuando sea menor a 300 litros, se impondrá una pena de entre dos y cuatro años de prisión, y la multa de 4.000 días de salario mínimo vigente, que actualmente se sitúa en 70,10 pesos (unos 4,1 dólares) diarios.

Entre 300 y 1.000 litros, la sanción será de cuatro a ocho años de prisión y multa de 4.000 a 8.000 mil días de salario mínimo vigente.

Si la cantidad es de entre 1.000 a 2.000 litros, se sancionará con ocho a doce años de cárcel y de 8.000 a 12.000 mil días de salario mínimo vigente.

Si supera esta cantidad, las penas serán de entre 10 a 15 años de prisión y entre 10.000 y 15.000 días del salario mínimo vigente.

“Las sanciones se extienden a quien auxilie, facilite o preste ayuda por cualquier medio para la realización del ilícito en plataformas o instalaciones de altamar y a quien utilice información sobre el funcionamiento u operación de las actividades de asignatarios, contratistas o distribuidores”, dijo el Senado.

Además, se prevén sanciones de 1 a 5 años de prisión y multa de 4.000 a 7.000 días de salario mínimo vigente a cualquier servidor público que, en el lugar de los hechos y en el ejercicio de sus funciones, sepa de la probable comisión de algún delito que contempla esta ley y no lo denuncie ante la autoridad competente.

También se impondrán de tres a seis años de prisión y multas de 3.000 a 6.000 días de salario mínimo vigente, en el lugar de los hechos, a quien enajene o suministre gas licuado de petróleo o gas natural, con conocimiento de que está entregando una cantidad inferior al 3 % de la cantidad que aparezca registrada por los instrumentos de medición para la enajenación o suministro.

México ha reportado en el último año un importante crecimiento en el robo de combustible.

Según la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), estos robos les representan pérdidas por 5.000 millones de dólares al año.

En septiembre de 2014, las autoridades mexicanas desarticularon una banda que robaba, con apoyo de autoridades policiales, unos cuatro millones de litros mensuales de combustible de Pemex para comercializarlo de forma ilegal.