México, 9 feb (EFE).- Agentes federales y soldados mexicanos detuvieron hoy al alcalde del municipio de Cocula (en el sureño estado de Guerrero), Erick Ulises Ramírez Crespo, en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada, informaron fuentes de seguridad.

La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) indicaron en un comunicado que la operación de captura se produjo en la carretera Iguala-Teloloapan, a la altura de la comunidad Loma de los Coyotes, en el municipio de Iguala (Guerrero).

En la operación participaron elementos de la División de Inteligencia de la Policía Federal de la CNS y efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)

El Juzgado Noveno de Distrito concedió el pasado 30 de enero la orden de aprehensión por delincuencia organizada con fines de cometer delitos contra la salud (narcotráfico), en su modalidad de fomento.

El mismo día también otorgó otra orden contra la presunta hermana de uno de los líderes de un grupo delictivo que opera en Iguala, que fue capturada el pasado 5 de febrero.

Ramírez Crespo, quien será trasladado a la Ciudad de México, ya había sido detenido el año pasado junto con el presunto líder del cártel Guerreros Unidos, Adán Zenen Casarrubias, aunque fue puesto en libertad a mediados de diciembre.

Zenen Casarrubias, alias el “Tomate”, es hermano de Sidronio Casarrubias, quien encabezaba la organización criminal cuando fue detenido por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.

Según la versión de la PGR, los estudiantes fueron detenidos por policías de Iguala y entregados a miembros de Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron sus cuerpos en un basurero de Cocula.

Sin embargo, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) reveló hoy que no hay evidencias científicas que respalden esa hipótesis.

Además, el EAAF no encontró pruebas para establecer correspondencia entre los restos óseos recuperados en el basurero y los estudiantes.

Los expertos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que estudian el caso también rebatieron la tesis oficial en septiembre pasado, cuando concluyeron que no hay evidencias que apoyaran la hipótesis de que los jóvenes fueron incinerados en el basurero.