México, 26 oct (EFE).- El nuevo titular de la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) de México, Raúl Cervantes Andrade, rindió hoy protesta ante el pleno del Senado con el reto de avanzar en la resolución de casos que han empañado la imagen del Gobierno.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Pablo Escudero, tomó la protesta de ley a Cervantes, cuya ratificación se alcanzó con 82 votos en favor, tres en contra y una abstención.

Los senadores también aprobaron un resolutivo para que, en un plazo no mayor a 90 días hábiles, el nuevo procurador presente su programa de trabajo ante la Comisión de Justicia del órgano legislativo.

Previamente, en su comparecencia ante la Comisión de Justicia, Cervantes dijo que es prioritario «dar continuidad» a los «grandes casos pendientes», como la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa en 2014.

Resaltó la necesidad de encontrar «una solución lo más satisfactoria posible» a esos casos, entre los cuales también citó los de Tanhuato, Nochixtlán y Tlatlaya, episodios en que civiles murieron debido al aparente uso excesivo de la fuerza por parte de soldados y agentes federales.

Es «innegable» que la PGR ha realizado una «gran cantidad de investigaciones, diligencias y peritajes en busca del esclarecimiento de los hechos en cada uno de estos casos», con el fin de «determinar responsabilidades» y garantizar la reparación del daño, dijo.

Se trata de expedientes con «gran cantidad de actuaciones al respecto» y lo importante a partir de ahora será «intensificar la investigación sin escatimar esfuerzo alguno», argumentó.

La oficina de la Presidencia emitió en la tarde del martes un comunicado en que informó de la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto de designar a Cervantes como titular de la PGR, así como la de Arely Gómez, que sale de la PGR, para convertirse en secretaria de la Función Pública.

El boletín subrayó que, de ser ratificado, Cervantes deberá «trabajar de la mano con el Congreso de la Unión, la sociedad civil y la academia para desarrollar el mejor modelo de Fiscalía General de la República», que sustituirá a la PGR.

El reto al que se enfrenta el nuevo procurador para dar respuesta satisfactoria a los «grandes casos pendientes» quedó ilustrada este miércoles en un mitin que realizaron los familiares de los 43 de Ayotzinapa en el monumento conocido como Hemiciclo a Juárez de la Ciudad de México, al cumplirse dos años y un mes de la desaparición.

El abogado de los padres, Vidulfo Rosales, aseguró que los cambios en la cúpula de la PGR demuestran «que no hay prioridad en la justicia» sino «en los juegos políticos del Gobierno» mexicano.

Consideró que los cambios en la figura del fiscal «vienen a entorpecer las investigaciones y a hacer más lento el proceso de investigación».

El letrado expresó la esperanza de que el nuevo fiscal «no mueva la oficina del caso Ayotzinapa porque eso nos va a meter en muchos problemas».

Refirió que con la hoy exprocuradora Gómez «se sentaron las bases y se construyeron las líneas de investigación adicionales al basurero de Cocula», donde según la versión oficial fueron incinerados por cuerpos de los estudiantes por miembros del cártel Guerreros Unidos.

«Esperemos que eso no vaya hacia atrás», añadió.

«Vamos tratar de tener un acercamiento con el próximo procurador», dijo el abogado, y agregó que el reto de Cervantes es resolver el caso Ayotzinapa, «y eso implica retomar los trabajos que inició Arely Gómez y las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes» nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para asistir en las pesquisas.

Melitón Ortega, portavoz de los familiares, afirmó a su vez que el cambio en la PGR «es como volver a empezar», y agregó que «se podría decir que (el nuevo fiscal) desconoce el tema». Para los padres, dijo, «es una forma de distraer y atrasar la investigación».

Ortega reconoció que de parte de Gómez «había voluntad política» y «hubo pequeños avances». Sin embargo, destacó que aún «no hay respuesta» a la desaparición de los estudiantes.

«Quien sea el que esté en ese puesto tiene la responsabilidad de mantener abierta la investigación. Es una obligación del Estado», acotó.