Trípoli, 14 feb (EFE).- Cinco años después del alzamiento contra la dictadura de Muamar Gadafi, Libia es un Estado quebrado, víctima del caos y de una guerra civil con fuerte impacto regional, sobre el que planea la amenaza de una nueva intervención militar extranjera.

Fue en el fragor de las "exitosas protestas" surgidas en Túnez y Egipto cuando un grupo de revolucionarios convocó una "jornada de la ira" para el viernes 17 de febrero, como hicieran sus vecinos.

Pero los hechos se precipitaron: dos días antes, el abogado libio y activista de los derechos de los presos de conciencia, Fethi Tarbel, fue detenido en Bengazi, segunda ciudad del país, acusado de azuzar un motín de presos.

El arresto desató una oleada de protestas en la urbe y un cruento enfrentamiento en el que murieron tres personas y 38 más resultaron heridas, la mayoría agentes de Policía.

Un mes después, y al tiempo en que las tropas fieles a Al Gadafi avanzaban hacia Bengazi, las potencias internacionales tomaron una decisión que cambió el curso del conflicto y facilitó la vitoria de los rebeldes.

El Consejo de Seguridad adoptó una resolución "Ad hoc" y el 17 de marzo la OTAN emprendió una intervención militar que permitió a los alzados tomar Trípoli en seis meses.

Traicionado y abandonado, Gadafi huyó a Sirte, su ciudad natal, donde fue capturado y apaleado hasta la muerte por una turbamulta.

Una posibilidad que amenaza con ahondar aún más la división entre los dos gobiernos rivales, uno establecido en Trípoli y otro en Tobruk, y que no gusta a los vecinos, Argelia y Túnez.

"Nos han informado de que los libios se preparan para un posible intervención extranjera y para bombardeos para combatir al Daesh (acrónimo en árabe para referirse al Estado Islámico)", avisaba esta semana el presidente tunecino, Beji Caid Esebssi.

"Yo me dirijo, muy claramente, a mis amigos que en esta ocasión no piensen solo en sus intereses. Consúltennos", sugería.

El estado norteafricano, que teme un aluvión de refugiados mayor que el que hubo de asumir en 2011 -entonces huyó cerca de un millón de personas-, anunció esta semana que ya ha comenzado a preparar la logística para minimizar su impacto.

Expertos de Seguridad y analistas en la región creen, sin embargo, que la posible intervención está aún en una fase preliminar -pese a la presencia de fuerzas especiales occidentales sobre el terreno- y que está vinculada a la evolución del proceso de paz que la ONU tutela sin éxito.

Y que además afectaría menos a Túnez -estado pequeño carente de recursos naturales- y más, a medio plazo, a Argelia, rico en gas y petróleo, y por ello objetivo de los fanáticos que huirían de las bombas.

"Barajamos la posibilidad de que la dirección de Daesh en Libia, que son dos ex altos mandos militares de Sadam Husein, se instalen en Túnez para preparar el traslado a Argelia. Este es el trampolín", explica un analista de Seguridad local.

La fuente, que trabaja para el Ministerio de Interior tunecino y pide por ello no ser identificado, recuerda que los radicales tienen en Túnez una importante base de apoyo, ya que se calcula que cerca de 5.000 ciudadanos de este país han viajado a Siria e Irak para sumarse al Estado Islámico.

"No hay que olvidar que cada joven tunecino que se fue con Daesh tiene una familia. Pero a largo plazo las riquezas de Argelia pesan más", resalta.

El Gobierno argelino, que solo extraoficialmente admite el temor, aún confía en el acuerdo político, ahora encallado en las disputas sobre el Ministerio de Defensa en el seno del futuro Gobierno de unidad nacional.

Desde la pasada semana, el Consejo presidencial libio designado por la ONU trata de limar las asperezas para formar un Ejecutivo con 12 o 14 ministerios, más pequeño que el rechazado por los gobiernos rivales a principios a finales de enero.

El principal escollo es el futuro del general Jalifa Hafter, un ex miembro de la cúpula militar que aupó a Al Gadafi al poder en 1969 y que ahora controla las Fuerzas Armadas leales al Parlamento en Tobruk.

Trípoli, y otras milicias, se oponen a que Hafter, al que apoyan Egipto y Arabia Saudí, se ponga al frente de una heterogénea fuerza que tendrán que luchar sobre el terreno contra los yihadistas.

"Más allá de la negociación política, el problema en Libia es militar", explica a Efe un diplomático europeo cercano a las negociaciones.

"Los más difícil es poner a los líderes milicianos de acuerdo para que formen un frente común que frene la amenaza yihadista. Y no parece que en esto vaya a haber una solución a corto plazo", augura.

Por Mohamad abdel Malek