Túnez, 25 mar (EFE).- Un año después de que confirmara su primer caso de Covid-19, Túnez afronta una severa crisis económica, política y social que ha llevado al límite su precario sistema de salud y fragilizado a las clases más desfavorecidas, obligadas a elegir «entre morir de hambre o morir de coronavirus» en el segundo país de África en porcentaje de decesos asociados a la pandemia.

«Tuvimos una primera pequeña ola y gestionamos extremadamente bien la primera fase hasta tal punto que estuvimos seis semanas con cero casos», lamenta a Efe el director general del Instituto médico Pasteur, Hechmi Louzir, el más prestigioso del país.

En aquellos días de marzo de 2020, apenas dos semanas después de que un ciudadano tunecino residente en Italia fuera señalado como el paciente cero, y con pocos casos detectados, el gobierno optó por blindar las fronteras, requisar hoteles para alojar positivos y restringir la movilidad y las reuniones frenando en seco la de ya por sí frágil economía.

Sin embargo, la presión económica y social y la idea de «salvar el turismo» – que representa el 40% del PIB – condujo a una reacción que ahora se considera fatal.

Túnez reabrió sus fronteras clasificando a los países por colores, según su riesgo, lo que facilitó el contagio por dos vías, explica el experto.

A través de viajeros provenientes de países verdes -sin necesidad de PCR- que estaban contagiados, y también de los estados naranjas y rojos, que llegaron con test falsificados o «incluso siendo conscientes de que estaban enfermos».

PUGNA ECONOMÍA-SALUD

A la crisis económica, las infraestructuras precarias y la penuria de personal del sistema sanitario público, se sumó la escasez de civismo de la ciudadanía, que no se concienció sobre la necesidad de usar la mascarilla o respetar la distancia social.

Con un 46% de la población trabajando en el sector informal y viviendo con lo que gana al día – según cifras oficiales – el confinamiento era, además «casi una elección entre morir de hambre o morir por coronavirus», recalca Louzir, miembro del comité científico asesor.

«Nos pedía justificar el impacto de una medida en la cadena de transmisión pero no podíamos saberlo. Nosotros vemos la evolución: algunas se aplicadaban, otras sólo a medias, otras al 30%… Entonces nos decía ¿si no sabéis el impacto por qué mantenerla?», recuerda antes de subrayar que Túnez atraviesa «una segunda ola, en descenso regular aunque lento en el número de casos y de mortalidad».

Las cifras parecen corroborarlo: desde principios de febrero el país ha registrado una media de 600 casos y una treintena de fallecidos diarios hasta superar los 246.000 positivos y los 8.500 decesos.

Una estabilidad que afronta la amenaza de la variante británica, descubierta a principios de marzo en un país que ha levantado la mayoría de las restricciones y en el que las mascarillas y la distancia social no han cuajado ampliamente.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

Pero al igual que las medidas preventivas tuvieron poco calado, la campaña de vacunación- que comenzó el 13 de marzo- parece no convencer tampoco de sus ventajas.

La plataforma digital «Evax», en la que los tunecinos deben para registrarse de manera voluntaria y gratuita, cuenta sólo con 630.000 inscritos de los doce millones de habitantes, mientras que de los 45.000 empleados públicos de salud y más de 6.600 del sector privado sólo 12.500 se han inmunizado.

«Hay desconfianza, muchos han sido invitados a vacunarse y no se han presentado. Ellos juegan un papel muy importante y, si están convencidos de los beneficios y mejor informados, el mensaje se transmite más fácilmente a la población», insiste.

Un ritmo ralentizado igualmente por la irregular llegada de vacunas -el mecanismo de solidaridad COVAX de la ONU ha prometido 5 millones de dosis-, que deja muy lejos el objetivo del Ministerio de Salud de vacunar a tres millones de personas antes de julio para preparar la nueva temporada estival.

Otro de los motivos del retraso es la exigencia por parte de las compañías farmacéuticas de aprobar una legislación que les exonere de los posibles efectos secundarios y responsabilice al Gobierno.

«Si es justo o no, normal o no, es un gran debate pero no teníamos otra opción», defiende Louzir antes de señalar que pese a haber tenido también que enfrentarse al desafío de cómo conservar la cadena de frío al no disponer de neveras especiales, hay lecciones positivas como la mejora de la coordinación entre instituciones.

«Estábamos sorprendidos, no estábamos acostumbrados a que el jefe de Gobierno o el presidente de la República nos preguntase qué se puede hacer y cómo podemos ayudar. Este aporte puede ser importante en el futuro para las grandes decisiones del país», apostilla.

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