San Salvador, 8 abr (EFE).- El ministro de Seguridad de El Salvador, Mauricio Ramírez Landaverde, y un grupo de organizaciones sociales presentaron este lunes al Congreso una propuesta con los «estándares mínimos» que debe cumplir una ley de protección a víctimas del desplazamiento forzado.

Una comisión del Congreso posee actualmente tres proyectos de ley, presentados por instituciones estatales y por la organización de Derechos Humanos Cristosal.

Estas se dieron después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) amparó a una familia desplazada por la violencia y ordenó a los diputados emitir una ley para atender el fenómeno.

Según Ramírez Landaverde, la propuesta de «estándares mínimos» presentada este lunes fue elaborada en «consenso» con varias organizaciones sociales y contiene los «puntos básicos» que la legislación especializada debe cumplir.

Explicó que estos abarcan los derechos de las víctimas, la «respuesta inmediata» que el Estado debe dar, una «asistencia más prolongada» y las «soluciones verdaderas».

Apuntó que este último punto establece las «intervenciones del Estado que lleven a restituir los derechos de las personas que han sido desplazadas internamente por situaciones de violencia», especialmente de las pandillas.

Por otra parte, destacó que las propuestas de ley que ha recibido el Congreso, que debe analizar la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales», tienen «grandes coincidencias» y «buscan una protección integral».

El pasado 26 de marzo, la directora regional de programas de la Cristosal, Celia Medrano, pidió al Gobierno y al Congreso salvadoreño cumplir el fallo del Supremo que los obliga a reconocer el fenómeno del desplazamiento forzado y a legislar en favor de las víctimas.

«A medida que avanza más el tiempo, lo que hay es un incumplimiento de la sentencia, ya no es el tema de que hay retraso en el cumplimiento del plazo dado», sostuvo la defensora de derechos humanos en declaraciones a Efe.

La activista apuntó que el Gobierno de Sánchez Cerén tiene la posibilidad, en el tiempo que le queda antes de entregar el poder el 1 de junio próximo, de «no pasar a la historia como un Ejecutivo que dio la espalda permanentemente» a los desplazados.

La violencia criminal que vive El Salvador obligó a más de 235.700 personas a desplazarse forzosamente durante el año 2018, según una encuesta nacional la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) que fue apoyada por Cristosal.

El estudio señala que el 5,2 por ciento de la población adulta del país tuvo que «cambiar su lugar de vivienda» para protegerse «de una amenaza o hecho de violencia».

Este porcentaje es similar al registrado durante 2017 por otro estudio de la UCA y superior al 4,9 por ciento computado en 2016.