Bruselas, 10 dic (EFE).- La vicepresidenta de la Comisión Europea y jefa de la diplomacia comunitaria, Federica Mogherini, destacó hoy, en el Día de los Derechos Humanos, la vigencia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

“Estos dos tratados fundamentales establecen los derechos civiles, políticos, económicos, culturales y sociales que pertenecen a los seres humanos desde su nacimiento y a lo largo de su vida, y han cambiado el destino de muchas personas”, explicó Mogherini en un comunicado.

Además, estos tratados son “la piedra angular de la labor de la UE en materia de promoción y defensa de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”, especialmente en un contexto actual “con desafíos a los Derechos Humanos y al Estado de derecho” y “en el contexto de una crisis económica mundial, de pobreza y creciente desigualdad”.

La jefa de la diplomacia europea puntualizó que el nuevo Plan de Acción de Derechos Humanos y Democracia, que la UE adoptó el pasado julio, “da igual importancia a todos esos derechos y se compromete, a través de acciones concretas, a promoverlos y garantizar su cumplimiento para todos”.

En su declaración, Mogherini aseguró que la Unión está “tan dedicada como siempre” en lo relativo a ayudar a organizaciones de la sociedad civil y al resto de actores en la promoción de la protección y el respeto de los derechos humanos, tanto civiles y políticos como sociales, económicos y culturales.

La vicepresidenta del Ejecutivo comunitario subrayó el “sólido historial” de la UE en el apoyo a los defensores de los derechos humanos en todo el mundo, y definió a la propia UE como “un ejemplo convincente de los beneficios que derivan de una sociedad civil dinámica”.

“La Unión Europea continuará defendiendo y promoviendo los derechos humanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren bajo amenaza”, concluyó Mogherini.

De hecho, la CE presentó el miércoles un mecanismo inédito para ayudar a defensores de derechos humanos que desempeñen su labor en zonas de riesgo, el cual tendrá un presupuesto de 15 millones de euros y se desarrollará hasta 2018.