Bruselas, 23 jul (EFE).- La jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, afirmó hoy que el bloque comunitario revisará sus relaciones con Burundi para que este país se comprometa a poner fin a la crisis y la violencia que atraviesa, tras la celebración de elecciones presidenciales.

Mogherini señaló en un comunicado que, «en ausencia de un diálogo nacional que hubiera podido conducir a un consenso político», Burundo no logrará volver al camino de la estabilidad, la democracia y el desarrollo.

«La UE comenzará los trabajos preparatorios de consultas específicas como está previsto en el artículo 96 del Acuerdo de Cotonú» -que rige las relaciones entre Bruselas y el grupo de países ACP (África, Caribe y Pacífico)-, «para que el Gobierno burundés asuma los compromisos que se imponen para remediar la crisis», dijo.

Mogherini destacó que el respeto a los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de derecho son «los elementos fundadores de la relación de cooperación entre la UE y Burundi».

En este sentido, pidió al Gobierno burundés y a los partidos de la oposición que vuelvan al diálogo para llegar a un consenso sobre el «restablecimiento de un sistema político inclusivo y democrático».

«El impacto humanitario, socio-económico y de seguridad de la crisis en el país y sobre la región preocupa ampliamente a la UE», subrayó Mogherini, quien celebró el envío por parte de la Unión Africana (UA) de observadores de derechos humanos y expertos militares para supervisar el desarme de grupos paramilitares vinculado a los partidos políticos.

Recordó que «la violencia no puede utilizarse para fines políticos» y llamó una vez más a todas las partes a condenarla.

Por todo ello aseguró que la UE se prepara, en línea con las conclusiones del Consejo de Exteriores comunitario, para adoptar medidas restrictivas específicas contra quienes impulsen actos violentos o de represión o violaciones de los derechos humanos, o que obstaculicen la búsqueda de una solución política.

Los burundeses acudieron el martes a las urnas, una jornada en la que según Amnistía Internacional (AI) la policía utilizó «medios mortales, incluso contra mujeres y niños», para silenciar a quienes se oponen a que el presidente del país, Pierre Nkurunziza, prorrogue su mandato.

Ni la oposición ni organizaciones internacionales como la UA o la Comunidad del África Oriental (EAC) consideraban que Burundi cumpliese con las condiciones necesarias de seguridad para celebrar estos comicios, cuyos resultados tendrán escasa legitimidad.

Las revueltas populares en el país, que comenzaron a finales de abril para protestar contra los planes de Nkurunziza de perpetuarse en el poder, han costado ya la vida de más de 80 personas, y a mediados del pasado mes de mayo se produjo un intento de golpe de estado.