Bruselas, 15 feb (EFE).- El Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea (CE) acordó hoy adoptar próximamente medidas restrictivas contra el Gobierno de Burundi ante el "punto muerto" en que se encuentra el país, escenario de "violencia recurrente" y de "violaciones y abusos de los derechos humanos".

"La UE adoptará las medidas apropiadas necesarias en vista de la falta de señales positivas", declararon en unas conclusiones los ministros comunitarios.

Recordaron que las consultas llevadas a cabo con Burundi el pasado 8 de diciembre en Bruselas bajo el artículo 96 del acuerdo de Cotonú, que rige las relaciones entre la UE y los países del grupo África, Caribe y Pacífico (ACP), "no pudieron remediar el fracaso del país a la hora de respetar elementos esenciales de asociación".

Fuentes diplomáticas habían indicado que la UE prevé adoptar medidas restrictivas este mismo mes y cortar cualquier ayuda al presupuesto burundés.

Los ministros confirmaron no obstante su voluntad de seguir apoyando a la población burundesa a través de las actividades de desarrollo que lleva a cabo la UE y pidieron para ello a las autoridades del país que garanticen un acceso seguro a los trabajadores humanitarios.

Añadieron asimismo que los ataques perpetrados por grupos armados contra funcionarios e instituciones del país son "inaceptables", al igual que el "desproporcionado uso de la fuerza en la represión por parte de las fuerzas de seguridad nacionales".

El Consejo subrayó que cualquier persona "implicada" en actos de violencia y violaciones o graves abusos de los derechos humanos, incluida la incitación al odio, "debe ser hallada responsable y rendir cuentas ante un tribunal de justicia".

Los ministros recordaron que el pasado 1 de octubre el Consejo ya impuso sanciones contra cuatro personas próximas al presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, o pertenecientes a los servicios de inteligencia del país.

La UE consideró a estas personas responsables de incitar a la violencia y a actos de represión durante las manifestaciones que se iniciaron el 26 de abril de 2015, a raíz del anuncio de la candidatura presidencial de Nkurunziza, y que continuaron del 26 al 28 de abril pasados en los distritos en Buyumbura.

También señala que participaron en la coordinación de distribución de armas a la milicia paramilitar "Imbonerakure" e incluso que en algún caso tomaron parte en el intento de golpe de Estado del 13 de mayo de 2015 para derrocar al Gobierno de Burundi.

La UE ya decidió en noviembre limitar "a lo esencial" su personal diplomático en Burundi, lo que incluye la evacuación de las familias y de parte de los trabajadores, ante la oleada de violencia.

Burundi está inmerso en una grave crisis desde que en abril de 2015 Nkurunziza anunció que se presentaría por tercera vez a las elecciones, algo que prohíbe la Constitución y viola los acuerdos que acabaron con una larga guerra civil en 2005.

Nkurunziza fue reelegido en julio, en unos comicios que la comunidad internacional considera fraudulentos, lo que no ha impedido que el presidente se mantenga en su cargo.

Según la ONU, más de 400 personas han sido asesinadas durante esta crisis política y casi 240.000 han tenido que huir del país.