Lima, 4 mar (EFE).- Los afroperuanos están sometidos «a condiciones de vida y de trabajo espantosas» en la agroindustria, el sector petrolero y el de producción eléctrica, denunció en Lima una misión del Grupo de Trabajo de expertos de las Naciones Unidas sobre las personas de ascendencia africana.

La misión presentó este miércoles una declaración a los medios sobre las buenas prácticas y las deficiencias en la protección de los derechos humanos de los afrodescendientes en Perú, al término de una visita de análisis que comenzó el pasado 25 de febrero.

En ese sentido, además de denunciar las condiciones que afronta esa comunidad en sectores específicos, el grupo remarcó que en Perú se mantiene la prevalencia de la discriminación racial y la mala situación de los derechos humanos de los afrodescendientes.

El grupo, integrado por los expertos Ahmed Reid, Dominique Day y Sabelo Gumedze, fue invitado por el Gobierno para visitar Lima, Piura, Chiclayo, Chincha, e Ica, y se reunió con funcionarios y afrodescendientes, así como con representantes de la sociedad civil y expertos en temas de racismo y discriminación racial.

DISCRIMINACIÓN E INVISIBILIDAD

A pesar de reconocer «las medidas positivas» que se han dado en las políticas estatales y los avances sociales en los últimos años en el país, la misión manifestó su preocupación porque «la discriminación sistémica y la invisibilidad institucional» de los afroperuanos se mantienen como «legados del pasado».

«Las instituciones del Estado no reflejan la diversidad de la población del Perú», remarcó antes de señalar que el reconocimiento de los afroperuanos como grupo distinto «es esencial».

El pronunciamiento también criticó que en el sector público exista una «falta de aplicación del marco de lucha contra la discriminación existente en Perú» y que en el sector privado se ha «aprovechado la desesperación de esas comunidades» para explotarlas.

«EXPLOTACIÓN ESPANTOSA»

Precisamente, la misión sostuvo que los afroperuanos «denuncian la explotación por el sector privado y la falta de mecanismos para intervenir en las formas extremas de explotación por parte de los empleadores de la agroindustria».

«Los afroperuanos están sometidos a condiciones de vida y de trabajo espantosas a manos de la agroindustria, el sector petrolero y el de producción eléctrica, que ofrecen contratos desmesurados; denegándoles el acceso al agua potable y poniendo en peligro las zonas de pesca» que usan, remarcó.

Añadió que, «en algunos casos, los estudios del impacto ambiental registran las tradiciones afroperuanas en la música, la danza y la gastronomía, sin reconocer ni evaluar cómo se verán afectados los derechos al agua y las necesidades básicas» de las comunidades.

ACCESO A LA JUSTICIA Y XENOFOBIA

El Grupo de Trabajo también señaló que «el acceso a la justicia para los afroperuanos sigue siendo motivo de preocupación» y que recibió información sobre «la xenofobia y las expresiones de odio contra los inmigrantes venezolanos», que incluyen a afrodescendientes entre los cientos de miles que han llegado a Perú huyendo de la crisis que afecta a su país.

La declaración también aseguró que «el acceso de las mujeres afroperuanas a la salud se complica por los estereotipos, los supuestos de salud basados en la raza, la insensibilidad cultural, el desprecio por su condición de ser humano y malos tratos».

Agregó que las personas afroperuanas LGTBI «se refirieron a la exclusión, la invisibilidad, la violencia sexual y la falta de protección de los transexuales».

RECOMENDACIONES

El Grupo de Trabajo pidió que se adopte una política nacional integral contra el racismo y la discriminación y dijo que el Gobierno «debería revisar su legislación antidiscriminatoria» para ajustarla a la recomendación sobre la lucha contra las expresiones de odio racistas y las dimensiones de la discriminación racial relacionadas con el género.

También, que se debería aplicar «la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales en beneficio de los afroperuanos», así como «reconocer los derechos colectivos del pueblo afroperuano».

Enfatizó, además, que el Gobierno debería «supervisar las operaciones de la agroindustria y poner freno a las prácticas de explotación laboral y de empleo, los contratos desmesurados, el robo de salarios y la prolongación de facto de la jornada laboral sin compensación o pago de horas extras».

Tras reiterar su «complacencia» por la voluntad del Ejecutivo peruano «para entablar el diálogo, la cooperación y la acción para combatir la discriminación racial», la misión señaló que espera que su informe «apoye al Gobierno en este proceso» y expresó su «voluntad de colaborar en este importante esfuerzo».

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