Barcelona (España), 25 oct (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acordó investigar a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, tras la querella que presentó la Fiscalía contra ella por desobedecer al Tribunal Constitucional y permitir que la cámara votara una resolución independentista.

El alto tribunal catalán admite a trámite la querella de la Fiscalía, que acusa a Forcadell de los delitos de desobediencia y prevaricación.

La presidenta del Parlamento Catalán promovió desde esta institución la denominada “Comisión de estudio del proceso constituyente”, considerado el inicio de la vía unilateral para la independencia de Cataluña, pese a la prohibición dictada previamente por el Constitucional.

El TSJC “valora inicialmente como posible” la comisión de un delito de desobediencia y, eventualmente, de otro de prevaricación por parte de Forcadell, “sin perjuicio de cualesquiera otras calificaciones jurídicas, al ser las presentes meramente provisionales”.

Los magistrados recuerdan que el pasado 6 de octubre el Constitucional advirtió de que la decisión de Forcadell de permitir que se votara en el pleno la hoja de ruta independentista “constituye un incumplimiento objetivo de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir” los mandatos de ese tribunal

Forcadell, tras recibir la notificación judicial, aseguró hoy que defenderá “allí donde sea” necesario que en la Cámara catalana se pueda “hablar de todo aquello que afecta a los ciudadanos” y llamó a seguir con el proceso soberanista: “Continuamos trabajando”.

La decisión del TSJC se produce veinte días después de que el Parlamento regional catalán aprobara otra resolución para convocar, con el aval o no del Estado central, un referéndum independentista “vinculante”, como muy tarde para septiembre de 2017.

Este un paso más dentro de la escalada independentista que vive Cataluña y que también ha llevado ante el TSJC al anterior presidente del Gobierno catalán, Artur Mas, por los mismos delitos de desobediencia grave y prevaricación al celebrar una consulta soberanista en 2014 que había sido suspendida por el Constitucional.