Guatemala, 8 oct (EFE).- La elección de la Corte Suprema de Justicia y las Salas de Apelaciones de Guatemala se ha visto empañada por el acecho de la impunidad y la posible pausa de actividades hasta que se concluya con el proceso interrumpido por la Corte de Constitucionalidad (máximo tribunal).

Dos visiones opuestas consultadas por Efe coinciden en que el proceso ha sido viciado por intereses que buscan imponerse, pero lo observan desde aristas opuestas: la vuelta a la impunidad por un lado y la ilegalidad por el otro.

La defensora de derechos humanos Hellen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack, explica a Efe que, desde su inicio, la elección estuvo sujeta de «arbitrariedades» en el «uso» de la Carrera Judicial con el fin de «procurarse impunidad» a quienes promovieron la primera elección, anulada por el Constitucional.

La primera vez, tal como lo advirtió Mack y el abogado Noé Ventura Loyo -ambos autores del amparo avalado por el máximo tribunal-, la asamblea de magistrados de las cortes de Apelaciones postularon una planilla única para representar ante las comisiones de postulación y sin convocatoria pública.

Ahora, en el nuevo proceso que tardará unos cinco meses aproximadamente en concluir, «los mismos de la planilla única «se están distribuyendo entre diversas opciones para que queden los mismos de la planilla única», por lo que «siguen manipulando (la justicia)», advierte Mack.

Además, recuerda que las comisiones de postulación hicieron lo imposible por perjudicar a «jueces íntegros» como Erika Aifán o Miguel Ángel Gálvez, ambos de Mayor Riesgo, pese a que estos «cuentan con todos los requisitos» para integrar la Corte Suprema de Justicia.

Mack también señala que los intereses a favor de la impunidad han tenido dos años para aprobar el reglamento de la Ley de la Carrera Judicial y ahora «se quejan de la falta de certeza jurídica, cuando ellos han creado esas condiciones».

Con el proceso de elección anulado, el ‘impase’ de la sucesión en el Supremo y las Salas de Apelaciones deja también inconformidades y pugnas a flote. Mientras Mack considera que hay precedentes para extender su mandato -como en 2014 que los magistrados prolongaron su mandato un mes y 10 días más-, hay otras voces que consideran que no es legal la ampliación de funciones.

Tal es el caso del abogado y ex cantidado vicepresidencial Roberto Molina Barreto, quien además presidía la Corte de Constitucionalidad en 2014 -cuando se suspendió la elección al Supremo y se ampliaron las funciones de los magistrados-.

Él asegura que «nuevamente se rompería el orden constitucional» al no haber transición de poderes en el Organismo Judicial este 13 de octubre.

Esta «ilegalidad», que «es nefasta para el país», ha sido provocada por «la Corte de Constitucionalidad», sobre quien «tendría que deducirse responsabilidades», zanja Barreto.

Barreto asegura que la ley de la Carrera Judicial, creada en 2016, es clara al establecer que «vencido el mandato, (los magistrados) pierden sus facultades de funcionarios judiciales», por lo que el Supremo «no puede dar por valido los actos posteriores a esa fecha» y se produciría un «congelamiento» hasta que los próximos jueces tomen posesión.

Además, recuerda que en 2014, cuando él presidía al Constitucional, la entidad resolvió que los actuales magistrados, que tomaron posesión el 19 de noviembre de 2014 en lugar del 13 de octubre de ese año, debían entregar el mando el 12 de octubre de 2012.

El Constitucional aún debe resolver una consulta hecha por el Supremo, pues «hay un debate sobre si se debe seguir en sus puestos hasta entregar a los nuevos funcionarios (según la Ley Orgánica del Organismo Judicial) o si pierden su calidad cuando vence el período para el que fueron electos (según la Ley de Carrera Judicial)», explicó a Efe la portavoz de la Corte, Fernanda Morales.

Mientras se resuelven las consultas e inicia de nuevo la conformación de la postuladora, la recepción y revisión de expedientes de aspirantes a Salas y al Supremo, incrementa la pugna por uno de los tres poderes del Estado.

Para Hellen Mack, hay «evidencia» de que «los corruptos solo quieren resguardar la impunidad», traicionando «su juramento por la justicia y por Guatemala», además de que «el Congreso de la República quiere evaluar por decreto a los participantes».

Los que pierden, según cualquiera de las posturas manifestadas por Mack y por Barreto, «somos los ciudadanos», como dice la activista ante el embrollo de la nueva y fallida elección de jueces que «se ha llenado de vergüenza».

Emiliano Castro Sáenz

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