Lisboa, 21 jul (EFE).- La Fiscalía lusa investiga posibles vínculos entre la operadora de telecomunicaciones Portugal Telecom (PT) y el caso de corrupción “Lava Jato” en Brasil, centrado en el desvío de dinero público en empresas estatales como Petrobras.

El Ministerio Público confirmó la existencia de investigaciones “relacionadas con PT” después de que medios lusos publicaran hoy que las autoridades sospechan de la venta de la brasileña Vivo acordada por la operadora portuguesa con la española Telefónica en 2010 a cambio de 7.500 millones de euros.

El periódico portugués “Público” reveló que los investigadores analizan si hubo “beneficios económicos” por valor de “varias decenas de millones de euros” para políticos, accionistas y dirigentes de las partes implicadas en esta operación, una de las más importantes en la historia reciente de Portugal.

Sin embargo, la Fiscalía no aportó más detalles y se limitó a señalar que fue decretado secreto de sumario para proteger las pesquisas.

En las negociaciones llevadas a cabo entonces para desbloquear la venta -a la que inicialmente el Ejecutivo luso se negó e incluso llegó a ejecutar su “acción de oro” para impedirla en primera instancia- participó José Dirceu, ex ministro del Gobierno de Lula da Silva, condenado por otro escándalo de corrupción e involucrado en el caso “Lava Jato”.

En este sentido, el Ministerio Público portugués confirmó igualmente que recibió una petición de cooperación judicial internacional por parte de las autoridades brasileñas en el marco, precisamente, de esta misma operación, e informó de que se encuentra protegida por secreto de sumario.

El caso “Lava Jato” tiene varias ramificaciones y una de ellas afecta directamente al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva por supuesto tráfico de influencias a favor de la constructora Odebrecht.

La venta de Vivo a Telefónica fue cerrada en el verano de 2010, después de que la empresa española mejorara su oferta -de 6.500 a 7.500 millones-, a lo que PT contestó rápidamente con la compra del 25,6 % de la también brasileña Oi, por 3.600 millones de euros.