Bruselas, 29 sep (EFE).- La Corte Penal Internacional (CPI) abrió hoy el juicio contra Jean-Pierre Bemba Gombo y otras cuatro personas por delitos contra la administración de justicia al haber influido en testigos para que diesen falsos testimonios en el caso que se sigue ante el alto tribunal contra el exlíder rebelde congoleño.

Además de Bemba, que se encuentra detenido en La Haya, su consejero principal Aimé Kilolo Musamba; uno de sus defensores, Jean-Jacques Mangenda Kabongo; el parlamentario congoleño Fidèle Babala Wandu y Narcisse Arido, citado como testigo de la defensa del exlíder rebelde, se sientan en el banquillo de la CPI después de haber quedado en libertad provisional a la espera del juicio.

La Fiscalía les acusa de haber cometido delitos contra la administración de justicia entre finales de 2011 y noviembre de 2013 en varios lugares, por haber "influenciado de manera corrupta a testigos dándoles dinero e instrucciones para dar falsos testimonios, presentar pruebas falsas y rendir falsos testimonios en un tribunal en el proceso principal contra Bemba.

Éste está acusado de crímenes de guerra y contra la humanidad, dado que la Fiscalía considera que entre octubre de 2002 y marzo de 2013 la población civil de la República Centroafricana (RCA) fue sometida a "los peores actos salvajes posibles por los soldados" del exlíder rebelde congoleño.

En un conflicto armado en la RCA entre el 26 de octubre de 2002 y el 15 de marzo de 2003, las Fuerzas Armadas nacionales de Ange-Félix Patassé, entonces presidente de la RCA, se aliaron con el Movimiento para la Liberación del Congo (MLC), encabezado por Bemba, para hacer frente al movimiento rebelde liderado por François Bozizé.

La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, señaló hoy en la apertura del juicio que se trata de un caso crucial porque supone velar por "la integridad de los procedimientos de la Corte" y "la administración adecuada de la justicia".

"Mi esperanza es que este juicio disuada a otros con ocurrencias similares de hacer algo así en casos futuros y que por ende se asegure que las víctimas no se vean privadas de su derecho a la justicia", señaló.