Madrid, 1 oct (EFE).- El Gobierno español y los partidos independentistas catalanes chocaron de nuevo este martes, con motivo del segundo aniversario del referéndum secesionista ilegal de 2017, y con un innegable trasfondo electoral.

Con la vista de todos los partidos políticos y sus dirigentes en el 10 de noviembre, fecha de la repetición de comicios legislativos, las movilizaciones organizadas en la región de Cataluña (noreste) por este aniversario buscaron marcar posiciones en una fecha señalada.

Mientras tanto, en diversos puntos de Cataluña hubo protestas y concentraciones, aunque menos que hace un año y sin los bloqueos de autopistas y estaciones de ferrocarril de entonces, también debido al despliegue preventivo de la policía regional catalana.

El presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, abrió el fuego político de hoy con una entrevista radiofónica en la mañana, en la que dejó claro que el Ejecutivo tiene la facultad jurídica, a pesar de su interinidad, de suspender la autonomía catalana en caso de derivas ilegales de sus instituciones.

El socialista Sánchez aseguró que si las instituciones del autogobierno catalán se sitúan «fuera de la legalidad», es obligación del Gobierno restituir el cumplimiento de la ley, aunque aseguró que espera «no llegar a ese extremo».

Tras el referéndum ilegal de autodeterminación organizado en 2017 por el gobierno autónomo catalán, éste proclamó unos días después la independencia aunque la suspendió inmediatamente. Finalmente, el Ejecutivo central español, presidido entonces por el conservador Mariano Rajoy, acabó suspendiendo temporalmente la autonomía de Cataluña.

Sánchez recalcó hoy que si el Ejecutivo tiene que actuar en Cataluña lo hará con «firmeza», y precisó que el artículo 155 de la Constitución española que faculta para suspender la autonomía de una región «se puede aplicar con un Gobierno en funciones, sin problema».

También urgió al independentismo para que «no juegue con fuego» y condene los actos e «indicios» de violencia, tras la detención de siete radicales catalanes con sustancias precursoras para la fabricación de explosivos con los que tenían previsto cometer actos violentos hoy, según la instrucción judicial.

El presidente regional catalán, Quim Torra, protagonizó un acto conmemorativo del referéndum de hace dos años en el que tanto él como su gobierno se comprometieron hoy a avanzar «sin excusas» hacia la consecución del objetivo de la «república catalana».

Los partidos de centroderecha de ámbito nacional (Partido Popular y Ciudadanos) criticaron a Sánchez por lo que consideran debilidad suya en el asunto catalán y le pidieron mano dura para devolver a la región a la legalidad constitucional.

Las protestas de hoy, menos concurridas que las de hace un año, tuvieron más intensidad en la ciudad de Girona, donde unas 300 personas se concentraron a primera hora de la mañana ante el cuartel de la Guardia Civil de la ciudad, para luego acudir a protestar ante la Subdelegación del Gobierno central.

En cambio, las autopistas y los ferrocarriles funcionaron con normalidad, igual que el metro de Barcelona, después de que el año pasado hubo cortes al tránsito rodado en algunas de las principales autopistas y se ocuparon algunas estaciones ferroviarias.

Esta falta de incidencias se debió en parte a una menor movilización y también a que la policía regional catalana reforzó el dispositivo para garantizar el orden público y la libertad de circulación en toda la región.

En medio de estos choques verbales, partidos y organizaciones independentistas aprovecharon el significado especial de esta jornada para anunciar las movilizaciones que preparan en caso de que el Tribunal Supremo condene a los doce líderes independentistas juzgados por el proceso secesionista de 2017.

La divulgación de la sentencia está prevista para aproximadamente mediados de este mes, y los actores políticos independentistas avanzaron que cualquier decisión condenatoria tendrá una respuesta «masiva desde la lucha no violenta y la desobediencia civil».

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