Manila, 8 may (EFE).- Tras una intensa campaña de tres meses, unos 54,3 millones de filipinos están llamados a participar mañana en unas esperadas elecciones generales, en las que el polémico Rodrigo Duterte se perfila como el candidato presidencial favorito.

Durante la jornada de reflexión de hoy, las autoridades ultimaron los preparativos de la votación, un día después de que cientos de miles de personas asistieran a los mítines de los principales aspirantes a la presidencia, lo que augura una alta participación.

En los comicios generales, que se celebran en Filipinas cada seis años, los electores deberán elegir a su presidente, vicepresidente, senadores, congresistas y a unos 18.000 funcionarios provinciales y locales.

Las últimas encuestas indican que Duterte, que ha sido fuertemente criticado por defender la ejecución de criminales o drogadictos, se haría con un 33 por ciento de los votos, seguido de la senadora Grace Poe, que obtendría un 22 por ciento.

Otros candidatos a la Jefatura del Estado son el ministro del Interior filipino, Manuel «Mar» Roxas; el vicepresidente, Jejomar Binay, y la senadora Miriam Defensor Santiago.

Duterte ha amenazado en la recta final de la campaña con invalidar los órganos legislativos del país si no aprueban las leyes que necesita para gobernar como quiere.

Por ello, el presidente de Filipinas, Benigno Aquino, ha pedido en repetidas ocasiones a los ciudadanos que no voten a Duterte si no quieren regresar a una dictadura, e incluso ha comparado la carrera hacia la presidencia del candidato filipino con la de Adolf Hitler.

«Espero que hayamos aprendido de las lecciones de la historia. Deberíamos recordar cómo llegó Hitler al poder», dijo ayer Aquino durante el último mitin de la campaña electoral de Mar Roxas, candidato al que respalda.

Pese a los ataques de Aquino, Duterte, que promete acabar con la delincuencia en seis meses, cuenta con un importante respaldo popular, y se calcula que más de un millón de personas salieron ayer a las calles de Manila y de Davao -la ciudad de la que es alcalde- para mostrarle su apoyo.

El ganador de los comicios reemplazará a Aquino (2010-2016) para un mandato único de seis años en una ceremonia de investidura que se llevará a cabo el 30 de junio.

Para la votación de mañana, la Comisión Electoral de Filipinas (COMELEC) ha distribuido más de 56 millones de papeletas y 95.000 máquinas de recuento de votos en cerca de 36.800 colegios, que abrirán sus puertas a las 06.00 hora local (22.00 GMT del domingo) y cerrarán 11 horas después, a las 17.00 (09.00 GMT).

Se prevé que ese sistema automatizado acelere el recuento de los sufragios y que se puedan conocer los resultados preliminares pocas horas después del cierre de los colegios, si no se produce ningún imprevisto.

Sin embargo, varios candidatos a la Presidencia, entre ellos el favorito, Rodrigo Duterte, se han quejado de irregularidades durante el periodo de pruebas de las máquinas.

Duterte ha denunciado que algunas de ellas están manipuladas y miembros de su equipo de campaña aseguran que se han producido errores en las pruebas, cuyo resultado favorecía a Roxas, el aspirante del partido en el poder.

Como en las dos últimas elecciones, en los que más de un 75 por ciento de los electores ejercieron su derecho al voto, se espera una alta participación de votantes filipinos, de los que casi un 45 por ciento son menores de 35 años.

Para garantizar que la credibilidad y la seguridad de las elecciones, la Policía Nacional de Filipinas y el Ejército han desplegado unos 19.800 efectivos en los colegios electorales del país, mientras que el Ministerio de Salud ha establecido unos 2.000 puntos de atención médica en los centros.

Por otro lado, las autoridades también han prohibido a todos los ciudadanos portar armas de fuego en sitios públicos desde el pasado 10 de enero, cuando empezó el periodo electoral, hasta el próximo 8 de junio, cuando finaliza.

Tampoco está permitido vender, servir o consumir alcohol durante la jornada de reflexión ni durante el día de las elecciones, y quien no cumpla con la normativa podría ser sentenciado de uno a seis años de cárcel.