Guatemala, 1 oct (EFE).- La exjefa del Departamento Jurídico del Ministerio Público de Guatemala Diana Benavides reveló este martes una serie de amenazas y coacciones para que declarara en contra de la exfiscal Thelma Aldana, quien tiene dos órdenes de captura que ella ve como una persecución en su contra.

Durante la audiencia de primera declaración en contra de tres extrabajadoras del Ministerio Público y una persona particular, Benavides defendió la compra de un edificio en la zona 5 de la capital y aseguró que «la persecución es infundada y una revancha» en su contra.

La exjefa del Departamento Jurídico, madre soltera de un hijo con diversidad funcional, dijo que el pasado mes de septiembre, cuando fue tomando posesión la nueva administración liderada por la actual fiscal Consuelo Porras, ella hizo observaciones sobre la irregularidad de algunas operaciones.

Estas a su juicio merecían comenzar con los trámites para anular esos contratos que ellos querían pegar por las irregularidades, que los convertían en «nulos de pleno derecho», pero el personal de confianza de la Fiscal la coaccionó y le dijo que si no accedía «iban a usar el poder del Ministerio Público en mi contra».

Después de hacer públicas esas amenazas y presentar las denuncias correspondientes, Benavides narró que Mónica Solórzano, una asesora parlamentaria, persona de «confianza» por ser la madrina de su hijo, la citó para contarle que los jefes de su partido, el oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), le tenían una «propuesta».

Esta consistía en desistir de las denuncias interpuestas contra el personal de confianza de la nueva fiscal, que declarara en contra de Aldana y que revirtiera unos dictámenes jurídicos a cambio de la seguridad de su hijo y para que no fuera perseguida por la compra de este edificio: «Me dijo que recordara que tenía al nene y que no quiero verte presa y accede, reunite con ellos».

´Benavides fue una de las que declaró este martes después de que el Ministerio Público hiciera saber el motivo de detención y los delitos que se le imputan a ella y a Teresa Concepción Lourdes Leyton, Mirna Salazar Duarte de Lossi y Patricia Beatriz Guzmán Rivera por su supuesta participación en la compra por parte de la Fiscalía de un edificio por unos 35 millones de quetzales (unos 4,5 millones de dólares).

El fiscal de Asuntos Internos del Ministerio Público, Marlon Pacheco, dio a conocer el pasado mes de septiembre detalles de este caso, que estaba bajo reserva, basado en la sospecha de que Aldana autorizó la compra de un edificio en la zona 5 de la capital del país en un proceso con varias irregularidades.

Aldana, que había sido denunciada de forma reiterada por la compra supuestamente anómala de esta propiedad y que está fuera de Guatemala desde principios de año, ha asegurado en varias ocasiones que se trata de «una mentira de las mafias» para «intentar detener el avance en la lucha contra la corrupción e impunidad».

Además de la exfiscal están implicadas Benavides, Salazar, Guzmán, Leyton y Mynor Lobos (testaferrato) y William Balz (defraudación tributaria y fraude).

La investigación, que comienza después de una denuncia de irregularidades en esa adquisición, señala que la negociación, que empezó en noviembre de 2016, estuvo rodeada de anomalías, pues se compró el inmueble por un valor de 35 millones de quetzales (4,5 millones de dólares) pero había una sobrevaloración de 3,5 millones de quetzales (unos 455.000 dólares).

Thelma Aldana intentó este año aspirar a la presidencia de Guatemala con el partido Movimiento Semilla, pero le negaron la inscripción por supuestamente carecer del «finiquito», un documento exigido para competir en la contienda electoral.

Durante su mandato y en conjunto con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Aldana encabezó una férrea lucha anticorrupción desde 2015 en los tres poderes del Estado, en la que desarticularon más de una docena de casos que involucraban a altos funcionarios y políticos, incluidos el hijo y hermano del actual mandatario, Jimmy Morales.

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