Johannesburgo, 25 mar (EFE).- El Tribunal Constitucional de Sudáfrica inició hoy el proceso para declarar al expresidente Jacob Zuma en desacato -por haberse negado a declarar ante una comisión oficial de investigación que estudia la corrupción durante su mandato-, una falta por la que se pide prisión para el exmandatario.
El máximo tribunal sudafricano examinó los cargos en una audiencia virtual retransmitida en vivo por internet que duró alrededor de una hora.
Terminada la sesión, los jueces dejaron la decisión final sobre el caso "en suspenso", una fórmula judicial usada para indicar que se anunciará el veredicto más adelante, con un plazo máximo de tres meses para su emisión.
En la vista, en la que Zuma no aparecía entre los hablantes, ya que se niega a participar en el proceso, los magistrados del Constitucional escucharon los argumentos del letrado Tembeka Ngcukaitobi, quien se encargó de exponer la acusación en nombre de la denominada Comisión de Investigación de la Captura del Estado.
Según Ngcukaitobi, el de Zuma es un "caso de desacato extremo", pues el expresidente no sólo ha desafiado órdenes directas de testificar -algo que el propio Constitucional había determinado que era de "obligatorio" cumplimiento-, sino que además ha "insultado" a las propias cortes en sus últimos pronunciamientos públicos, acusando al Poder Judicial de parcialidad y de persecución.
"Estamos lidiando con una maniobra cínica para evitar rendir cuentas", manifestó Ngcukaitobi, al defender que un castigo de prisión es ya la única vía posible contra Zuma, dada su actitud provocadora y "beligerante".
LAS ACUSACIONES CONTRA ZUMA
La denominada Comisión de Investigación de la Captura del Estado es un organismo oficial constituido para investigar si, durante los años de gobierno de Zuma (2009-2018), el aparato estatal sudafricano funcionó como un engranaje para beneficiar de forma fraudulenta al poder y a empresarios afines, que incluso definían la entrada y salida de ministros en función de sus intereses.
La comisión, presidida por el juez Raymond Zondo (vicepresidente del Poder Judicial), no tiene potestad para procesar judicialmente, pero sí puede hacer recomendaciones a otros entes y sus averiguaciones pueden ser usadas como pruebas ante los tribunales en el futuro.
Zondo citó a Zuma a declarar en varias ocasiones en los últimos meses, pero el expresidente no solo se ausentó ante la comisión, sino que publicó comunicados acusando al Poder Judicial de persecución y asegurando que antes iría a la cárcel que a testificar.
En consecuencia, en febrero pasado Zondo anunció que acudiría al Constitucional para que declarara a Zuma en desacato y que pediría como castigo una pena de dos años de prisión.
Las acusaciones del sonado caso de la "Captura del Estado", que cubre todo tipo de ramas del aparato estatal y figuras de alto perfil político, no son las únicas que pesan contra el exmandatario, quien, de hecho, fue forzado a dimitir por su propio partido a comienzos de 2018 en medio de numerosos escándalos.
En paralelo a esta extensa investigación, Zuma está procesado en un caso que estudia cargos de corrupción, lavado de dinero y fraude relativos a un acuerdo millonario de armas firmado a finales de la década de 1990.
Además, ya en 2016, tuvo que devolver, por orden del Tribunal Constitucional, medio millón de euros de dinero público que se gastó de forma irregular en la reforma de su residencia privada.
En vísperas de esta audiencia en el Constitucional, la Comisión de Investigación de la Captura del Estado anunció que el actual presidente del país y sucesor de Zuma en ese cargo, Cyril Ramaphosa, acudirá a declarar en abril.