Asunción, 8 abr (EFE).- Las plazas públicas del centro de Asunción vuelven a ser refugio de parte de los desplazados por la crecida del río Paraguay, quienes otra vez denuncian el abandono de las autoridades ante unas inundaciones que se repiten cada año y sin que las instituciones aporten soluciones estructurales.

Unas 4.000 familias han abandonado sus hogares en Asunción debido a las inundaciones provocadas por el aumento del caudal del río, que hoy se ubicó en los 6,5 metros.

Como viene siendo consustancial a la crecida, muchos de los afectados han improvisado chamizos de chapa y madera en la Plaza de Armas, en el caso histórico de la capital y frente al edificio del Congreso.

Es el caso de Édgar Valle, de 44 años, que con los ocho miembros de su familia abandonó el barrio de La Chacarita para sumarse al improvisado vecindario que conforma la Plaza de Armas y otras aledañas.

Valle denunció a Efe la escasa ayuda recibida por parte de las autoridades, que según él se limitó a proveerles de algunos materiales para construir su precaria vivienda.

«Cuando va a haber votación (elecciones) sí, te ponen todo, pero ahora no es todavía época de elección, por eso poca ayuda tenemos, casi nada», lamentó.

Añadió que «hay miles de gente que ya están en el agua (…) pero no tienen como completar su casa para venir» a la Plaza.

Valle criticó además la visita que hizo la pasada semana el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, al Primer Regimiento de Infantería, el predio militar habilitado como refugio y que aloja a la mayor parte de los afectados.

«Nosotros no necesitamos que él nos venga a visitar. Nosotros ya le conocemos a él, nosotros lo que necesitamos es ayuda», indicó.

Se mostró, además, partidario de permanecer en ese lugar hasta que baje el nivel del río, pese a que la Municipalidad denunció el viernes ante la Fiscalía la ocupación de esas históricas plazas por parte de los afectados.

Sin embargo el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, dijo hoy que fue la propia corporación municipal la que autorizó su instalación en esos lugares.

Además, tanto Valle como su hermana, Agustina, recalcaron las insanas condiciones en las que viven en esas plazas tras ser expulsados de sus casas por el agua.

«Esto no es digno de nadie», agregó, señalando a su precaria vivienda, carente de servicios básicos como agua o baño y por la que para su montaje y el traslado de sus enseres han gastado unos 500.000 guaraníes (unos 80 dólares).

De acuerdo con estos vecinos, la Chacarita, una de las zonas más golpeadas por la crecida, se ha convertido en una especie de «charco» con la construcción de la Avenida Costanera, que separa el barrio de la bahía que forma el río.

«Nos encerró en un charco» que «no tiene salida del agua y cuando llueve» se inunda, dijo Agustina.

Los hermanos Valle señalaron la necesidad de que el Gobierno les provea de una «solución definitiva» en forma de una «reubicación» en viviendas sociales que estén en la misma zona, puesto que la mayoría trabaja en el centro de la capital.

En la contigua plaza Juan de Salazar, dedicada al fundador de la ciudad de Asunción, otra de las evacuadas, Luisa Candia reclamó «una casa digna, donde vivir trabajar, pero si no tenemos una casa para vivir no podemos dejar tampoco el lugar», en referencia a la plaza.

Candia recién llegó a la plaza cargada de maderas para comenzar a construir su casa y comentó sentirse «bastante mal porque a veces los patrones no entienden que uno tiene que faltar dos o tres días en el trabajo» para hacer la mudanza.

En la otra plaza adyacente, frente a la Catedral, residen desde hace más de seis meses los afectados chacaritanos de la anterior riada, que estaban comenzando a volver a sus hogares cuando volvió a subir el agua, debido a las intensas lluvias caídas en Paraguay en las últimas semanas.

Con una altura superior a los 6,5 metros, el río Paraguay ha obligado a abandonar sus casas a más de 4.000 familias de los denominados Bañados, las zonas marginales que bordean el río en la capital paraguaya.

En todo el país, la crecida ha afectado a 21.000 familias, según datos de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

Alejandro R. Otero