Lima, 6 jun (EFE).- El Gobierno del presidente de Perú, Martín Vizcarra, le ganó el pulso por segunda vez a la oposición fujimorista en el Congreso, en medio de una pugna entre poderes que se mantiene desde el inicio del régimen y que ha causado varias crisis políticas en el país.

El último de estos enfrentamientos bien pudo llevar a la caída total del gabinete de ministros y en consecuencia a la disolución del Congreso, pero se extinguió este miércoles después de que la oposición optara por conceder la confianza exigida por el Gobierno a sus propuestas de reforma política.

Se trató, en parte, de un acto de supervivencia, en el que ambos poderes del Estado consiguieron sus objetivos, ya que el Ejecutivo ratificó que los mecanismos constitucionales y el apoyo popular le dan la suficiente fuerza para torcer la férrea y agresiva oposición del fujimorismo y el aprismo, la pequeña bancada que acompaña a aquellos en todas sus decisiones políticas.

Los parlamentarios lograron, por su parte, mantenerse en sus escaños, ya que de haber rechazado el pedido de confianza le habrían abierto la puerta a Vizcarra para usar la prerrogativa constitucional de disolver la Cámara y convocar a nuevas elecciones legislativas.

La Constitución peruana permite que el presidente recurra a este extremo si se niega la confianza a dos gabinetes, y este Congreso ya había obligado en 2017 a la renuncia en pleno de un consejo de ministros de Pedro Pablo Kuczynski, al que su vicepresidente Vizcarra sucedió cuando dimitió, en 2018.

El año pasado, Vizcarra optó por el mismo mecanismo para exigir la aceptación de sus reformas electorales y judiciales y, tras un tira y afloja, recibió la confianza del Congreso, con lo que se pudo efectuar un referéndum que las aprobó de manera abrumadora.

Tras una semana en la que abundaron rumores, informaciones falsas y amenazas de uno y otro lado, finalmente el actual gabinete que preside Salvador del Solar recibió el voto de confianza con la expectativa de que el Congreso aprobará pronto los proyectos de reforma política propuestos.

Estos incluyen el impedimento para que postulen condenados por la justicia, que se elimine el voto preferencial, un mecanismo que privilegia la elección de unos candidatos sobre otros, que se supervise la financiación de las campañas políticas y que se hagan cambios en la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria.

El Ejecutivo remarca que estas normas deberán ser dadas con prontitud para cumplir con los plazos legales que permitirán que estén vigente durante los comicios generales de 2021, a los que están impedidos de acudir los actuales legisladores.

Por ese motivo, tanto Del Solar como parlamentarios afines al oficialismo han remarcado que la cuestión de confianza no solo implica el voto favorable de este miércoles, sino también la rápida aprobación de todos los proyectos entregados.

Este ha sido el lado más controvertido del debate, ya que los parlamentarios no están sometidos a mandato imperativo y afirman que, si bien tienen la intención de ver las iniciativas, están facultados para modificarlas o incluso descartarlas.

Mientras que los portavoces del fujimorismo y el aprismo, que sí votó en bloque por rechazar la confianza, ratificaron a regañadientes que debatirán los proyectos, los representantes de la izquierda manifestaron su molestia porque no se llegó a la disolución del Congreso, algo que piden junto con la convocatoria a elecciones para una Asamblea Constituyente.

«El Congreso le habrá dado un voto de confianza al Gobierno, pero no le ha dado un voto de confianza al país», declaró el parlamentario Richard Arce, del grupo izquierdista Nuevo Perú, quien se sumó a las dudas de sus compañeros de que un congreso dominado por el fujimorismo vaya a aprobar las reformas.

En un escenario en el que ganar a la opinión pública es crucial, ni bien se confirmó el voto de confianza, Vizcarra publicó una foto en Twitter de su Consejo de Ministros trabajando en el Palacio de Gobierno y aseguró que «el rumbo trazado» por su Administración «continúa».

A tono con eso, Del Solar aseguró que el Ejecutivo busca una reforma que «ayude a recuperar la confianza» de los peruanos, así como «por una política libre de corrupción, con participación ciudadana, paridad para las mujeres y partidos sólidos».

Poco antes, la cuestión de confianza se había otorgado tras un crispado debate en el Congreso, en el que fueron recurrentes las afirmaciones de fujimoristas y apristas de que Vizcarra intentaba controlar el Legislativo e incluso de que era un dictador.

En la otra orilla, personajes afines al régimen acusaron al fujimorismo de «obstruccionista» y de querer mantener el bloqueo a investigaciones por presunta corrupción en el país, además de la inmunidad parlamentaria, que Vizcarra repite que, en muchos casos, es «impunidad».

David Blanco Bonilla