Guatemala, 30 sep (EFE).- El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anunció este lunes que investigarán la posible relación entre grupos sociales de derechos humanos y el narcotráfico después de las evidencias recabadas durante un estado de sitio decretado en más de 20 municipios del noreste del país.

En una conferencia de prensa posterior a la reunión semanal del Gabinete de Gobierno, el mandatario, que no aceptó preguntas de los medios de comunicación, dijo que pedirá la colaboración de países de la región y de Estados Unidos para que si es así se puedan aplicar las sanciones nacionales e internacionales «más drásticas».

Morales, que avanzó que están analizando pedir al Congreso una prórroga de otros 30 días del estado de sitio en más de una veintena de municipios en el noreste del país para seguir combatiendo la proliferación del narcotráfico, dijo que han desmantelado cuatro narcolaboratorios.

Uno de ellos, prosiguió, tenía capacidad para producir entre 300 y 500 kilos de cocaína diarios, «superior incluso a los colombianos», lo que pone a Guatemala ante una «disyuntiva sumamente grande» para evitar que sea un país productor de droga.

El presidente agregó que con la destrucción de esos cuatro narcolaboratorios y de más de 1,5 millones de plantas de cocaína, que podrían tener cuatro cosechas por año durante 7 años, se evitaron negocios ilícitos por un valor de 800 millones de dólares.

Ante esta situación, analizan prolongar el estado de sitio, decretado tras una emboscada de un supuesto grupo de narcotraficantes a una brigada de la marina que dejó tres soldados muertos, y avanzó que investigan «la posibilidad de la relación existente entre grupos sociales y el narcotráfico».

«Nos interesa tremendamente saber si hay personas que se están escudando en banderas de supuesta defensa de derechos para poder ser financiados por el narcotráfico, y eso no es nuevo, ya sucedió en Colombia», proclamó, donde había «muchos movimientos sociales» que evitaban que las fuerzas armadas pudieran llegar a su territorio.

«Vamos a pedir que se haga una investigación exhaustiva para poder encontrar si hay algún nexo de estas organizaciones con el narcotráfico», proclamó.

Por su parte, el ministro de Interior, Enrique Degenhart, dijo que no van a permitir «que este fenómeno criminal se desarrolle en el país» y agregó que la prolongación del estado de sitio busca combatir un problema mundial que es una operación «criminal multimillonaria».

La emergencia, que vence este viernes, busca combatir, según las autoridades, la proliferación de los grupos del narcotráfico en el noreste del país.

El artículo 16 de la Ley de Orden Público señala que el Ejecutivo puede decretar el estado de sitio por actividades «terroristas, sediciosas o de rebelión» que pretendan cambiar por medios violentos las instituciones públicas o cuando hechos graves «pongan en peligro el orden constitucional o la seguridad del Estado».

También cuando se registran o se tengan «indicios fundados» de que se van a producir «actos de sabotaje, incendio, secuestro o plagio, asesinato, ataques armados contra particulares y autoridades civiles o militares u otras formas de delincuencia terrorista y subversiva».

Durante el estado de sitio, todas las autoridades y entidades estatales están obligadas a prestar a la autoridad militar «el auxilio y cooperación que les sean requeridos, dentro de la esfera de su competencia».

Esta situación le permite a la autoridad militar, según el artículo 19 de la misma norma, «intervenir o disolver sin necesidad de prevención o apercibimiento» cualquier grupo, ordenar sin necesidad de mandamiento judicial o apremio la detención o confinamiento de cualquier persona, y repeler o reprimir por los medios «preventivos, defensivos u ofensivos que fueren adecuados» cualquier acción.

Además, restringe derechos del ciudadano como la libertad de acción, la libertad de locomoción y manifestación, el derecho a la reunión o la portación de armas, entre otros.

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