Lima, 28 jun (EFE).- El Congreso de Perú decidió citar al Contralor General del país, Edgar Alarcón, para que presente el lunes sus descargos, luego de que una comisión especial del legislativo recomendara hoy que se le destituya del cargo.

A pesar de la propuesta de la mayoría de los miembros de la comisión para que hoy se apruebe el informe que sustentó los motivos por los que Alarcón debe dejar el cargo, la Comisión Permanente del Congreso pospuso su decisión para luego de escuchar al funcionario.

La presidenta del Congreso, Luz Salgado, informó que había recibido un documento de la defensa de Alarcón, que pidió que le permitan ofrecer sus descargos.

El grupo de trabajo, que presidió el legislador izquierdista Marco Arana, pide remover al contralor por falta de solvencia e idoneidad moral, por supuestamente haber incurrido en cuatro faltas graves.

Estas fueron el «sometimiento ante un subalterno, en este caso ante el auditor Walter Grados», para evitar que se denuncie un hecho irregular, «hacer un negocio» con un proveedor de la misma Contraloría, la omisión de información relevante en sus declaraciones juradas y pagar beneficios sociales indebidos a una extrabajadora del organismo, quien es madre de sus hijos.

Alarcón ya se presentó el martes pasado ante la comisión del Congreso para responder por las acusaciones que le imputan la presunta comisión del delito de lavado de activos por haberse dedicado a la compraventa de vehículos de lujo, una actividad que tenía prohibida por ser funcionario.

En su comparecencia, el contralor aseguró que entre 2013 y 2017 renovó ocho vehículos para su familia, sin obtener beneficio económico alguno porque vendió a un precio menor.

Alarcón consideró que las acusaciones en su contra son por la «mala información de algunos medios de prensa y por el trabajo de control» que realiza a las instituciones estatales en la Contraloría de la República (tribunal de cuentas).

Alarcón es investigado de manera preliminar por la Fiscalía desde el pasado 2 de junio por la presunta compra de más de noventa vehículos entre 2002 y 2015, según información revelada por medios locales.

En un reportaje televisivo se presentó el audio de una llamada que hizo Alarcón al auditor de la Contraloría para que retire la denuncia que presentó ante el Congreso por este caso y le permita presentar sus descargos ante él.

Esa denuncia fue enviada a la presidenta del Congreso en agosto de 2016 y pasó a la Comisión de Fiscalización, que la desestimó porque los hechos sucedieron cuando Alarcón era vicecontralor y, por tanto, no estaba protegido por el antejuicio constitucional.

La semana antepasada, el cuarto despacho de la Primera Fiscalía Anticorrupción también abrió de oficio una investigación a Alarcón por el presunto pago irregular de una liquidación a la extrabajadora de la Contraloría Marcela Mejía Franco, quien fue su pareja y es madre de dos de sus hijos.

Además, la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (UNSA) ratificó el martes un informe presentado el pasado 21 de junio, que concluyó que Alarcón obtuvo su título profesional de contador «de manera fraudulenta», al no acreditar el mínimo de tres años de experiencia en el campo.