Guatemala, 10 oct (EFE).- Con 91 votos a favor, tres en contra y 64 ausencias, el Congreso de Guatemala ratificó este jueves el decreto gubernativo que prorroga por 30 días el estado de sitio en 22 municipios del noreste del país porque supuestamente "persiste la violencia y la amenaza al orden constitucional".
La prórroga quedó ratificada en el decreto 8-2019 del Legislativo guatemalteco y, pese a que el presidente, Jimmy Morales, había retirado de la solicitud los municipios de Livingston y Puerto Barrios, en el departamento caribeño de Izabal, para evitar afectar al turismo, los diputados los reintegraron.
Sin embargo, quedó establecido que en ambas localidades quedan excluidas las "zonas urbanas" y que la medida de excepción se realizará en las áreas rurales y en las zonas portuarias de Puerto Barrios y Santo Tomás de Castilla, que dan hacia el Golfo de México.
La medida limita los derechos constitucionales de "libertad de acción, detención legal, libertad de locomoción, derecho de reunión y manifestación y portación de armas".
Además, el presidente ejercerá su calidad de "comandante general del Ejército" y todas las autoridades y entidades estatales "están obligados a prestar a las autoridades militares y civiles el auxilio y cooperación que le sean requeridos".
Por su parte, el Consejo Nacional de Seguridad, que preside el mandatario, "deberá emitir un informe específico" al Congreso acerca de "los riesgos y amenazas de la seguridad en los municipios incluidos en la declaratoria", así como de los logros la semana después de que finalice la prórroga del estado de sitio.
También el presidente y los ministros vinculados deberán entregar un informe circunstanciado de los montos de los gastos incurridos en la medida de excepción, la entidad responsable de los gastos y los logros alcanzados con la ejecución, así como los nombres de las empresas participantes y el de sus propietarios.
El decreto del Congreso prohíbe la contratación de obra pública y el Ministerio de Finanzas abrirá un programa llamado "Seguridad Estor S19" para registrar todos los gastos del estado de sitio, que deberán ser fiscalizados por la Contraloría General de Cuentas.
Además de las zonas rurales de Livingston y Puerto Barrios, la medida extraordinaria aplica en los municipios de El Estor, Los Amates y Morales, del departamento de Izabal; en los municipios de Tactic, Senahú, Tamahú, Tucurú, Panzós, Santa María Cahabón, Santa Catalina la Tinta, Chahal y Fray Bartolomé de Las Casas, en el departamento de Alta Verapaz.
Asimismo, están contemplados los municipios de Gualán, Río Hondo, Usumatlán y Teculután en Zacapa; Purulhá en Baja Verapaz; y San Agustín Acasaguastlán y San Cristóbal Acasuagastlán, en El Progreso.
Pese a que el pasado 2 de octubre el Gobierno había ya buscado esta prórroga, por la falta de quorum en el Legislativo quedó sin efecto dicha medida, con la que el presidente aseveró que busca combatir a los "grupos ilegales vinculados con el narcotráfico" que han proliferado en la zona.
Según el Gobierno, "una serie de hechos violentos han cobrado vidas humanas y puesto en peligro el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado, afectando a personas y familias, poniendo en riesgo la libertad, la justicia, la seguridad, la salud, la vida, la paz y el desarrollo integral de las personas".
En el primer estado de sitio en el noreste del país las autoridades aseguraron que se produjeron 641 detenciones, se decomisaron vehículos, armas y equipos de comunicación, se realizaron 55 allanamientos y 219 operaciones navales, 440 patrullajes de reconocimiento, 7 controles del espacio aéreo o 1.223 puestos de control y registro.
Además, aseguraron que se descubrió "un complejo de producción de cocaína" y que fueron erradicadas 225.075 plantas de marihuana.