Guatemala, 14 oct (EFE).- El Congreso guatemalteco informó este lunes de la creación de una nueva comisión para investigar el trabajo realizado durante 12 años por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo anticorrupción auspiciado por la ONU que terminó su mandato en septiembre.

Después de que la Corte de Constitucionalidad suspendiera temporalmente las funciones de un ente similar aprobado en el seno del pleno, el presidente del Organismo Legislativo, Álvaro Arzú -aliado al oficialismo-, creo la «Comisión de la Verdad» a través de un acuerdo de la presidencia del Congreso.

Este ente estará integrado por los diputados Juan Ramón Lau -que leyó el acuerdo 3-2019 este lunes-, Luis Hernández Azmitia y Manuel Conde, quienes recibirán «todo el apoyo humano, logístico y material por parte del Organismo Legislativo para cumplir» con su misión.

El trabajo de la Comisión de la Verdad, que tiene como objetivo solicitar, recabar y recibir información de lo actuado por la Cicig, vence el 10 de enero de 2020, cuatro días antes de que tomen posesión del cargo los nuevos diputados, y debe emitir un informe final.

Arzú, hijo del expresidente Álvaro Arzú, asegura en el acuerdo del Congreso, que aprobó la entrada en vigor de la Cicig en el año 2007, que es «necesario» crear la Comisión de la Verdad para «conocer diferentes hechos y circunstancias que pudieran haber afectado al Estado de derecho guatemalteco y a sus ciudadanos».

El pasado 7 de octubre, el Constitucional suspendió provisionalmente ese ente parlamentario creado de forma imprevista por el Congreso, pero aún así los diputados se reúnen y escuchan a las supuestas víctimas, pero ya no a través de esa comisión.

La Cicig fue creada en 2007 por la ONU y el Gobierno de Guatemala y durante doce años destapó grandes casos de corrupción, entre ellos uno que llevó a la caída del expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015).

Durante ese periodo, la Cicig y el Ministerio Público identificaron más de 70 estructuras criminales, colaboraron en la judicialización de 120 casos de alto impacto, presentaron un centenar de procesos de desafuero contra grandes funcionarios y sindicaron a más de 1.500 personas.

Pero en agosto del año pasado, el presidente Jimmy Morales, que junto a su familia fue señalado en casos de corrupción, anunció que no renovaría el mandato de la Cicig al acusarla de una supuesta «injerencia en los asuntos internos.

Desde que anunciaron su salida, el Ejecutivo y el Congreso atacaron a la Cicig en varias ocasiones y aseguraron que la comisión volvería al país para enfrentar la Justicia, la última de ellas la semana pasada, cuando el presidente Jimmy Morales dijo en la Asamblea de Naciones Unidas que las repercusiones iban a ser analizadas.

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