Lisboa, 22 dic (EFE).- La solución decidida por las autoridades portuguesas ante el riesgo de quiebra del banco Banif abrió hoy una brecha entre el Gobierno socialista y sus aliados de izquierda por los millonarios costes que supondrá la operación para el Estado.

El gasto que exige la liquidación de la entidad y su venta al español Banco Santander obliga a la aprobación de un Presupuesto rectificativo en el Parlamento que el Partido Comunista ya anunció que rechazará, mientras que el Bloque de Izquierda impuso condiciones para votar a favor.

El "caso Banif" sacudió el arranque de legislatura en Portugal y supone la primera prueba de envergadura para el Ejecutivo socialista, en funciones hace menos de un mes.

La operación supone una inyección de fondos públicos de 2.255 millones de euros que debe ser registrada inmediatamente en los presupuestos de 2015, a los que se sumarán cerca de otros 750 millones para cubrir la transferencia de los activos deteriorados a un vehículo de gestión y una garantía estatal al Santander para posibles devaluaciones en la parte que acaba de comprar.

En total, se estima un impacto en las arcas públicas portuguesas próximo a los 3.000 millones de euros, lo que equivale a casi el 2 % del PIB luso.

La costosa medida adoptada con el Banif -la más pequeña de las principales entidades financieras lusas- recuerda a otras millonarias intervenciones en bancos llevadas a cabo en el pasado por el Estado portugués y que siguen, todavía hoy, envueltas en polémica.

El caso más reciente fue el Banco Espírito Santo (BES), en agosto de 2014, intervenido por el supervisor luso tras detectar irregularidades en sus cuentas que dispararon las pérdidas.

La solución entonces fue dividir en dos la entidad: una parte con sus activos saludables -agrupada en el Novo Banco, en cuya creación participó el Estado con un crédito y que fue colocado a la venta sin éxito- y otra tóxica bajo su nombre original.

Mientras que sobre el BES no se sabe cuál será el coste para el erario público, ya que dependerá del precio al que se venda el Novo Banco, el Banco Portugués de Negocios (BPN) fue nacionalizado en 2008 por su gestión irregular con un gasto para el contribuyente de 2.400 millones de euros.

No obstante, la factura por esta entidad puede ser incluso superior y se especula con que acabe por duplicar esta cifra.

El método utilizado ahora en el Banif es considerado por los especialistas como una vía intermedia entre la intervención del BES y la nacionalización del BPN.

La decisión adoptada por el Gobierno socialista junto con el Banco de Portugal para afrontar el riesgo de quiebra que afrontaba la entidad -debido sobre todo a un problema de liquidez derivado de la fuga de depósitos sufrida la semana pasada tras la publicación en medios lusos de informaciones que apuntaban a un posible cierre- generó hoy un torrente de reacciones.

El banquero portugués António Horta-Osório, consejero delegado del británico Lloyds, reconoció que lo ocurrido es "chocante" y que el coste que supone es tan desproporcionado que debería dar pie a una investigación independiente.

El presupuesto rectificativo que recoge la inyección de fondos públicos al Banif será votado mañana en el Parlamento, aunque en Portugal se prevé que sea aprobado incluso con el rechazo de los partidos de izquierdas gracias a la centro-derecha, que podrían votar con los socialistas a favor o incluso abstenerse.

El líder de la oposición conservadora, Pedro Passos Coelho, respaldó la solución encontrada y reconoció que, si hubiera dependido de él, habría hecho lo mismo, además de insistir en que su Gobierno no intentó aplazar el problema.

La principal incógnita pasa por el Bloque de Izquierda, cuya líder, Catarina Martins, dijo que sólo votará a favor si los socialistas se comprometen a crear una nueva ley de intervención financiera -lo que supondría retirar poderes al banco central luso- y que el Novo Banco se coloque bajo control público.