Lima, 30 sep (EFE).- La grave crisis institucional de Perú, con la pugna insoluble entre el Congreso y el Gobierno, se juega en una zona de estrechos márgenes legales cuya interpretación convierte la muy posible disolución del Congreso por parte del Ejecutivo en un golpe de Estado o en un legítimo recurso constitucional.

Las posiciones encontradas entre los poderes del Estado, con las profundas implicaciones políticas y sociales que tiene para el país, están siendo objeto de especulaciones e interpretaciones dispares de leyes, reglamentos y prácticas, tan opuestas como la postura del presidente Martín Vizcarra y el Congreso dominado por la oposición fujimorista y sus aliados de derecha y extrema derecha.

La advertencia que Vizcarra realizó anoche, en la que señaló que dará por negada la cuestión de confianza que presentó su Gobierno si ésta no es atendida antes de que el Congreso proceda con la votación de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, es el punto más polémico desde el punto de vista legal.

El mecanismo de cuestión de confianza en Perú permite al Gobierno a presentar una propuesta de reforma legal o política de Estado ante el Congreso que si no es aceptada obliga a la dimisión en bloque del Ejecutivo y a formar nuevo gobierno.

Si esa situación se produce en dos ocasiones durante una legislatura, como sería el caso en esta ocasión, el presidente queda automáticamente habilitado para disolver el Congreso y convocar nuevas elecciones legislativas.

Ahora bien, el debate es si Vizcarra puede dar por denegado el pedido de confianza si el Congreso no procede a autorizar su debate antes llevar a cabo la votación que llevaría a la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional.

Técnicamente una cuestión de confianza se debe presentar de forma oral ante el pleno del Congreso, y por lo tanto, al no haber sido presentada, no se podría dar por denegada.

Y si formalmente no ha sido denegada, el Gobierno no podría actuar contra el Congreso y proceder a su cierre.

Precisamente el Congreso optó por seguir con su posición de votar primero a los magistrados y recibir después al primer ministro.

Esa decisión choca con la norma, que señala que si el Gobierno solicita que se atienda su pedido con «urgencia», éste debe atenderse en la primera reunión del pleno, que sería la votación de los magistrados.

En este juego de políticas e interpretaciones, ahora se abre la posibilidad de que, empleando un recurso que permite la Constitución, el primer ministro se presente sin invitación ante la Cámara y presente su moción directamente.

De hecho, evitar esa actuación pareció la política de la Junta de Portavoces momentos antes del inicio de la jornada, que impuso, gracias a los votos mayoritarios del fujimorismo y sus aliados, que la votación se realizara sin debate previo entre la furia de los partidos minoritarios.

Para añadirle drama al asunto, poco después, en un hecho inusitado y cuando apenas arrancaba la sesión de votación de los magistrados, una puerta de entrada al hemiciclo fue cerrada para impedir precisamente el acceso del primer ministro a la sala, que llegó a primera hora, junto a su gabinete, al Palacio Legislativo.

Los juegos y dimes y diretes constitucionales se extienden también en este campo, ya que, como se encargó de recordar el Gobierno en un comunicado, la Constitución peruana otorga derechos a participar en el pleno de cualquier ministro «con las mismas prerrogativas» que un diputado.

Por tanto, si la mesa del Congreso niega la palabra al primer ministro, Salvador Del Solar, estaría incumpliendo la norma, si bien no se sabe qué consecuencias puede tener eso ante cualquier controversia sobre lo que se decida durante la jornada.

Álvaro Mellizo

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