San José, 11 mar (EFE).- La guatemalteca Ana Lucrecia Molina, víctima de violaciones a los derechos humanos, pidió este lunes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que exprese su rechazo a una iniciativa de reforma de ley que busca dar amnistías a crímenes de lesa humanidad en Guatemala.

"Venimos a pedirle a la Corte que se pronuncie sobre la iniciativa de reforma a Ley de Reconciliación Nacional que otorgaría una amnistía a crímenes de guerra y de lesa humanidad. Esperamos que la Corte se pronuncie de una manera contundente y le haga un llamado al Estado para que no viole su propia constitucionalidad", expresó Molina a Efe.

Los jueces del Tribunal internacional efectuaron este lunes una audiencia pública para analizar el cumplimiento de la sentencia dictada en 2004 contra el Estado de Guatemala por la desaparición forzada, en 1981, del menor Marco Antonio Molina Theissen, en el marco del conflicto armado interno que vivía Guatemala.

El Estado de Guatemala condenó en mayo de 2018 a cuatro militares de alto rango como culpables por la desaparición forzada.

Sin embargo, la amnistía que discute el Congreso permitiría su liberación 24 horas después de aprobada la reforma.

"Está por aprobarse una ley de amnistía que se traería abajo todos los esfuerzos de la familia, de fiscales y jueces para dar cumplimiento a esta sentencia (...). De aprobarse la ley se pondría en riesgo la vida de todos los testigos, jueces y fiscales, de este y otros casos de violaciones a los derechos humanos", dijo a Efe la directora para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Claudia Paz y Paz.

En la audiencia el Estado de Guatemala, tras múltiples consultas de los jueces, evitó referirse a la reforma y alegó que no puede pronunciarse sobre una iniciativa que no ha sido aprobada aún, pues le falta un tercer debate en el Congreso tras superar los dos primeros.

"Yo no puedo a nombre del Estado emitir un criterio porque no es una ley o una norma todavía y porque estaría interfiriendo. No es que yo no quiera decir, sino que el Congreso tiene en sus manos la responsabilidad de si una norma es o no es constitucional", afirmó el representante del Estado y presidente de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos, Jorge Luis Borrayo.

Por su parte, el juez chileno Eduardo Vio Grossi, solicitó a los representantes del Estado de Guatemala informar al Congreso de ese país que "no se puede realizar amnistía", no solo por el cumplimiento de la sentencia Molina Theissen, sino porque el Estado incurriría en una responsabilidad internacional por cometer un acto "ilícito".

Entre otras medidas de reparación pendientes sobre el presente caso se encuentra localizar y hacer entrega de los restos mortales de Marco Antonio Molina Theissen a sus familiares y crear un procedimiento expedito que permita obtener la declaración de ausencia y presunción de muerte por desaparición forzada.

"Estimada Corte yo deseo que pongan una pena al Estado de Guatemala porque no ha hecho nada por buscar a mi hijo y entregarnos sus restos. Es un dolor permanente, demasiado grosero para soportarlo. Espero que influyan para que me entreguen su cuerpo, espero que eso sea antes de morirme", afirmó la madre de Marco Antonio, Emma Theissen.

La CorteIDH condenó en el 2004 al Estado de Guatemala por la violación a la vida, la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales, a la protección de la familia, a los derechos del niño y a la protección judicial.