Vista general del monumento dedicado a desaparecidos y asesinados durante la guerra civil en El Salvador, en una fotografía de archivo. EFE/Rodrigo Sura

San Salvador, 20 jul (EFE).- Víctimas de la guerra civil de El Salvador y miembros de organizaciones de derechos humanos reclamaron nuevamente este miércoles justicia por los crímenes cometidos durante el conflicto armado y aseguraron que el Estado “no ha avanzado en la superación de la impunidad”.

Un grupo de víctimas llegó a la Asamblea Legislativa para entregar una carta al presidente de dicho órgano de Estado, Ernesto Castro, en la que piden que “se cumpla con la obligación de aprobar una norma que garantice el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación integral, las garantías de no repetición y la memoria histórica”.

Todo lo anterior, señalan, “ajustada a los parámetros establecidos en la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993 y a los estándares internacionales en materia de derechos humanos relativos a la justicia transicional”.

En el documento recuerdan que en febrero de 2020 la legislatura de ese momento aprobó la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, la cual fue vetada por el presidente Nayib Bukele.

Señalan que en septiembre de 2021 la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa anunció un nuevo proceso de análisis para la creación de una ley de justicia transicional, pero indican que, según la información disponible, la comisión no ha retomado la discusión.

Apuntan que las víctimas están muriendo sin obtener justicia, saber la verdad de los hechos y sin reparación.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia anuló en julio de 2016 una ley de amnistía de 1993 y ordenó al Congreso crear una legislación para atender y reparar los daños causados a las víctimas de crímenes de guerra y lesa humanidad.

Las organizaciones de derechos humanos sostienen que el Estado de impunidad que persiste tras 30 años desde que acabó la guerra es “una deuda que ningún gobierno ha atendido”.

La carta fue suscrita por los comités de víctimas y las organizaciones que integran la Mesa contra la Impunidad, el Grupo Gestor de la Ley de Justicia Transicional y la Comisión de Trabajo pro Memoria Histórica.

Entre 1980 y 1992, el grupo guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se enfrentó al Ejército de El Salvador, financiado por los Estados Unidos, en un conflicto que dejó 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.

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