Managua, 16 dic (EFE).- El vicecanciller nicaragüense, César Vega, dijo hoy que el fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que favoreció a Costa Rica en un litigio fronterizo, tiene aspectos positivos para Nicaragua en lo relativo a la futura demarcación de los límites marítimos.
La sentencia del alto tribunal de la ONU reconoce la soberanía costarricense de Isla Portillos o Calero y señala que Nicaragua violó el territorio costarricense con su presencia militar y también sus derechos de navegación en el río San Juan.
Vega, quien es el director jurídico de la Cancillería nicaragüense y tiene rango de vicecanciller, dijo a medios oficialistas que aunque la CIJ reafirmó la soberanía de Costa Rica sobre Isla Portillos, dejó muy en claro que Nicaragua mantiene la jurisdicción de la laguna Harbour Head, la barra de arena frente al mar y la desembocadura del río San Juan.
Esto podría presentar una proyección positiva para Nicaragua en el juicio sobre delimitación marítima en el mar Caribe que falta por resolver en la CIJ, dijo Vega.
Sostuvo además que la sentencia reafirma el derecho que tiene Nicaragua para dragar el río San Juan.
Además, apuntó, Costa Rica violó su obligación de realizar los estudios de impacto ambiental necesarios para construir la carretera de lastre de 160 kilómetros en paralelo al río San Juan.
El presidente de la CIJ, Ronny Abraham, leyó este miércoles la sentencia sobre la demanda interpuesta por Costa Rica en 2010 sobre una supuesta invasión militar y daños ambientales a una porción de su territorio protegido por convenios internacionales, y otra de Nicaragua contra su vecino, de 2011, por aparentes daños ambientales al río San Juan durante la construcción de un camino de lastre.
Por unanimidad, la Corte señaló que Nicaragua «violó la soberanía territorial de Costa Rica al crear tres caños y establecer una presencia militar en el territorio costarricense», en su intento de unir el río San Juan, de soberanía nicaragüense, con el mar Caribe.
También por unanimidad, los jueces consideraron que Costa Rica, al no haber realizado una evaluación de impacto ambiental para la construcción de un camino fronterizo llamado Ruta 1856, «violó la obligación que le impone la ley internacional general».