Guatemala, 6 may (EFE).- Los 12 acusados por corrupción en un proyecto portuario de Guatemala, entre ellos el expresidente Otto Pérez Molina, serán procesados por diversos delitos, resolvió hoy el juez del tribunal encargado, Miguel Ángel Gálvez.

Gálvez, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, consideró que existen suficientes pruebas sobre la trama que otorgó a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) la ampliación de Puerto Quetzal, el principal del país centroamericano, localizado en las costas del Pacífico, a cambio de una millonaria comisión.

La investigación preliminar realizada por el Ministerio Público (MP), con el apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), señala que TCQ pagó 30 millones de dólares para lograr la adjudicación de la ampliación del puerto.

De ellos, 24,5 millones de dólares eran para los socios locales (entre ellos Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti), 5 millones para un grupo de argentinos también implicados y medio millón para gastos.

El juzgador emitió este viernes su resolución al término de la audiencia de primera declaración en la que el MP hizo la acusación y los abogados de las 12 personas intentaron desligarlos del caso conocido como TCQ.

Pérez Molina y Baldetti, así como el ex secretario general de la Presidencia Gustavo Martínez, fueron encausados por los delitos de cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude.

En el caso del expresidente y la exvicepresidenta, que están en prisión preventiva por la trama de corrupción conocido como “La Línea”, el juez rechazó la acusación de asociación ilícita.

Mientras, el representante legal y director de TCQ, el empresario español Juan José Suárez, fue encausado por asociación ilícita, cohecho activo y fraude.

Por enriquecimiento ilícito fueron ligados Julio Zamora, Lázaro Reyes y Julio Esquivel Orellana.

En tanto que a Julio Sandoval se le imputó asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude, y a Samuel Aceituno y a Jonathán Chévez asociación ilícita y lavado de dinero.

El juez también resolvió ligar a proceso por tráfico de influencias y asociación ilícita a Mario Ruano Sanjosé y a José Daniel Luna por cohecho pasivo.

Gálvez sostuvo que las pruebas contra esta red están en los documentos presentados por la Fiscalía y también en denuncias de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) donde se demuestra el destino que tomó el dinero que llegó a las empresas de Chévez, producto de la comisión pagada por TCQ.

El juez mencionó que según la IVE, las empresas de Chévez recibieron entre 2014 y 2015 depósitos por más de 149,24 millones de quetzales (19,35 millones de dólares) y más de 5,11 millones de dólares, y luego fueron distribuidos a través de otras compañías.

“Las pruebas aquí están”, aseguró el juzgador, que también hizo referencia a documentos encontrados por el MP durante los allanamientos y a detalles en computadoras del exsecretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón, quien es colaborador eficaz de la Fiscalía en este caso.