El exmilitar Luis Alonso Benavides (i), acusado por crímenes contra civiles en 1981, llega hoy al juzgado de instrucción en San Miguel (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

San Miguel (El Salvador), 14 nov (EFE).- Una corte de El Salvador suspendió este lunes la audiencia preliminar contra un grupo de militares retirados, señalados de ser parte de un “escuadrón de la muerte” del Ejército y asesinar a cinco personas en 1981.

La diligencia, programada por el Juzgado de Instrucción de la oriental ciudad de San Miguel, no se desarrolló por problemas de salud de la jueza y su secretario, según dijo a la prensa una representante de las víctimas.

Zaira Navas, de la organización Cristosal que acompaña a los familiares, indico a periodistas que esperan la reprogramación y que se presentaron “todas las partes”, incluidas las víctimas que “están demandando justicia”.

“Es un precedente importante, porque se está procesando a miembros de escuadrones de la muerte y se sienta el precedente” de que “era una política de Estado” en el marco de la guerra civil (1980-1992), indicó Navas.

Agregó que los señalados “son responsables de la vigilancia, privación de libertad, asesinato y robo” contra Ángel María Chávez, Ernestina de Chávez, José Luciano Benavides, Guillermo Magaña y Rogelio de la Cruz Magaña.

“La prueba es suficientemente robusta para que en la audiencia preliminar el proceso se eleve a juicio”, subrayó la letrada.

Los acusados son identificados por la Fiscalía como José Inés Benavides Martínez, Luis Alonso Benavides Polio, José de la Cruz Orellana y Ángel Aníbal Alvarado Benítez.

En agosto de 2021, fueron detenidos los 2 procesados de apellido Benavides y Orellana, y el tribunal que conoció el caso declaró crimen de lesa humanidad la masacre de las 5 personas a manos de estos exmilitares.

Según la Fiscalía, esta es la primera vez que se procesa a miembros de estos escuadrones por delitos de lesa humanidad.

La guerra civil salvadoreña se saldó con unos 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos y no fue hasta 2016 que un fallo de la Sala de lo Constitucional permitió que se investigaran y juzgaran los crímenes de lesa humanidad, la mayoría atribuidos al Ejército.

Entre estos casos se encuentran el de San Óscar Arnulfo Romero (1980), la masacre de unos 1.000 civiles desarmados en la remota localidad de El Mozote (1981) y la masacre de seis jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos mujeres (1989).

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