Washington, 17 mar (EFE).- Más de sesenta congresistas estadounidenses pidieron hoy al secretario de Estado, John Kerry, y al del Tesoro, Jacob Lew, suspender la ayuda de seguridad a Honduras hasta que haya una investigación internacional del asesinato de la líder indígena y ambientalista hondureña Berta Cáceres.

En una carta enviada a Kerry y a Lew, los congresistas, encabezados por los demócratas Hank Johnson y Keith Ellison, exigieron que se pidan cuentas al Gobierno de Honduras por el asesinato de Cáceres, cometido el 3 de marzo.

Según los congresistas estadounidenses, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debe apoyar la investigación internacional independiente del caso.

“La carta fue firmada solo unas horas antes del asesinato de Nelson García, colega y compañero activista de Berta Cáceres, lo que resalta aún más el carácter de estos delitos y la necesidad de adoptar una acción urgente” para evitarlos, dijeron los congresistas en un comunicado.

Los legisladores estadounidenses también pidieron a la CIDH el establecimiento de medidas cautelares a favor de la familia de Berta Cáceres, de los miembros del Consejo Cívico de Pueblos Indígenas de Honduras (Copinh), del que Cáceres era coordinadora, y del testigo clave del caso, Gustavo Castro.

Igualmente, exigieron “la creación inmediata de un sistema eficaz de protección de los activistas de la sociedad civil hondureña, los defensores de derechos humanos y miembros de la oposición política”.

“EE.UU. proporciona millones de dólares de asistencia en seguridad a Honduras y, sin embargo, los frecuentes ataques y asesinatos de activistas ambientales, como Cáceres, siguen sin respuesta efectiva de las autoridades”, dijo Johnson en la nota.

Es hora de que el Gobierno estadounidense “aproveche la asistencia de seguridad y (el apoyo a) los préstamos multilaterales para ejercer presión real y duradera en el Gobierno de Honduras para que proteja a sus activistas y persiga a los responsables de estos crímenes horribles”, agregó el congresista demócrata.

Cáceres, indígena de la etnia lenca, fue asesinada por un desconocido el 3 de marzo en la ciudad de La Esperanza, en el occidente del país centroamericano, pese a tener medidas cautelares de la CIDH.

Por su lado, Nelson Noé García, de 38 años y padre de cinco hijos, formaba parte del Consejo Cívico de Copinh, organización de la que en los últimos años han sido asesinados en Honduras otros cuatro miembros.

Tanto Cáceres como García habían recibido numerosas amenazas como resultado de la campaña que el Copinh lleva a cabo contra el proyecto de la presa hidroeléctrica Agua Zarca, en la comunidad indígena lenca de Río Blanco.