San Salvador, 28 sep (EFE).- El éxodo forzoso de familias en el occidente salvadoreño es una consecuencia del recrudecimiento de las medidas de seguridad del Gobierno, aseguró hoy la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, que sin embargo manifestó su respaldo a la política oficial contra el crimen.

«Hay unas medidas extraordinarias que han sido implementadas en nuestro país para combatir la delincuencia» y «obviamente, parte de las consecuencias son este tipo de resultados», el desplazamiento de familias, aseguró Caballero, nombrada en el cargo la semana anterior, durante una visita a un refugio para desplazados.

Algunos de los desplazados consultados por Efe aseguraron que tienen «temor» de regresar a sus casas por la dureza de los operativos policiales y militares realizados en la zona, y por el acoso de las autoridades por negarse a servir de informantes.

No obstante, la nueva procuradora aseguró que estas consecuencias «pueden ser necesarias» y que desde la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos «respaldamos» y «no vamos a entorpecer» los planes de seguridad.

Caballero visitó un refugio instalado por la alcaldía de la localidad de Caluco, en el occidente salvadoreño, donde se resguardan 20 familias que escaparon de sus hogares por amenazas de pandillas.

El albergue, el primero creado por la violencia desde que el país terminó una guerra civil en 1992, fue establecido el pasado 18 de septiembre por las autoridades locales.

Las más de 70 personas refugiadas no han querido regresar a sus hogares, pese a que las autoridades de Seguridad señalan que las condiciones para su retorno están dadas.

«La búsqueda (de los pandilleros que generaron el éxodo) continúa, no vamos a cesar y vamos a dejar un equipo permanente en el lugar para que la población vea que la seguridad está garantizada», explicó a la prensa el jefe policial Hugo Bonilla.

Por otra parte, la defensora de derechos humanos salvadoreña restó importancia al fenómeno al asegurar que, «por la condiciones de pobreza» que se viven en la localidad, «muchas personas pueden ver garantizada su alimentación aquí» y por eso no regresan a sus hogares.

La misma acotó que las «instituciones están funcionando» en este caso, pese a que la alimentación y el refugio son asumidos por la municipalidad, con alguna ayuda de la Cruz Roja y otros donantes.

«Se han hecho esfuerzos de salvaguardar los estándares internacionales que tienen que tener estos albergues» pero «las condiciones no son las mejores» por el «hacinamiento», explicó Caballero.

El coordinador del albergue, Joaquín Marroquín, aseguró a Efe que únicamente poseen presupuesto para funcionar durante un mes «mientras la situación se normaliza».

«Financieramente, no podríamos nosotros mantener a esta gente, se nos complica bastante», aseguró Marroquín, que detalló que la ayuda a las víctimas incluye atención psicológica.

A mediados de septiembre también se registró el desplazamiento forzado de unas 40 familias en el municipio de Panchimalco (sur), pero en este caso no se implementó un albergue.

Diferentes organizaciones sociales han criticado al Ejecutivo del presidente Salvador Sánchez Cerén por no reconocer ni atender a las víctimas del desplazamiento forzado.

Un estudio publicado a inicios de agosto por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos da cuenta de que esta institución recibió, entre 2014 y el primer trimestre de 2016, 236 casos que acumulan 427 víctimas.