San Salvador, 13 nov (EFE).- El director del Instituto Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), José María Tojeira, dijo este viernes que procederán legalmente contra los jueces de la Corte Suprema salvadoreña que ordenaron no investigar penalmente a los autores intelectuales de la masacre de seis padres jesuitas y dos mujeres en 1989.
"Creemos que han actuado ilegalmente y vamos a proceder contra ellos de alguna manera. Está todavía en estudio, buscando detalles pero vamos a proceder contra ellos porque creemos que han cometido el delito de prevaricación", dijo Tojeira en una entrevista televisiva.
Se trata de los jueces José Roberto Argueta y Juan Manuel Bolaños, quienes desde la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitieron una resolución que da marcha atrás a la decisión de un juzgado de reabrir el proceso.
Tojeira, el principal impulsor de la causa penal tras la masacre, añadió que "evidentemente hay que acudir a la Sala de lo Constitucional" de la Corte Suprema y que existe la posibilidad de ir a la Fiscalía "con un aviso penal".
La Universidad Centroamericana (UCA) advirtió el jueves en un comunicado que los jueces de la Sala de lo Penal ignoraron "absolutamente" una sentencia que en 2016 anuló la ley de amnistía de 1993, misma que impedía investigar y juzgar los crímenes cometidos durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992).
Recordó que esta resolución de los jueces constitucionales "declara que la prescripción no puede aplicarse en los crímenes de guerra o de lesa humanidad" ni en los casos mencionados en un informe de la Comisión de la Verdad de la ONU de 1993, entre ellos el de los jesuitas.
El comunicado también señala que "la Compañía de Jesús y la UCA tomarán las acciones jurídicas oportunas y necesarias en favor de la justicia, la paz social y la reconciliación en torno al derecho a la verdad".
"La justicia en el caso de los asesinatos de Elba (Ramos), Celina (Ramos) y los jesuitas es un paso importante para desterrar la impunidad y asentar más decididamente el respeto a la dignidad humana de todos los salvadoreños, especialmente de las víctimas de cualquier tipo de abuso", subrayó la UCA en la misiva.
Luego de conocerse la resolución que da por cerrado el caso, la Fiscalía recurrió la decisión y habría recusado a los jueces para que otros magistrados del Supremo conozcan su solicitud.
La madrugada del 16 de noviembre de 1989, un escuadrón del batallón elite Atlácatl del Ejército asesinó a los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno y al salvadoreño Joaquín López. También a Elba Ramos y su hija Celina, colaboradoras de los religiosos.