Guatemala, 28 abr (EFE).- El expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina, que está acusado de liderar una trama de corrupción en la mayor portuaria del país, pidió hoy jueces "independientes" y anunció que, pese a estar detenido, seguirá luchando por la verdad sin atender a presiones.

Pérez Molina aceptó este jueves prestar testimonio en la audiencia de primera declaración ante el juez Miguel Ángel Gálvez, dónde volvió a denunciar una "injerencia" de Estados Unidos y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para "imponernos a los guatemaltecos" como tenemos que actuar.

El expresidente (2012-2015) está acusado por la Fiscalía, junto con la exvicepresidenta Roxana Baldetti, de liderar una trama de corrupción para la adjudicación a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) la ampliación de la terminal de Puerto Quetzal a cambio de un soborno millonario.

En su declaración, que duró más de una hora, Pérez Molina, que está en prisión preventiva por el caso de corrupción aduanera "La Línea" acusado de cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera, mostró sus dudas de por qué la Fiscalía aceptó al exsecretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón, como colaborador eficaz del caso TCQ si él mismo dijo "ser el cabecilla" de esta trama.

"Aquí queremos la cabeza del presidente, del expresidente, pues ya la tienen, pero, ¿hasta dónde queremos llegar?", se preguntó el general retirado medio conmocionado, al tiempo que pidió una Justicia independiente, sin presiones extranjeras, ya que asegura que su caso "ha sido utilizado políticamente".

A pesar de estas intromisiones, dijo, "yo como presidente no voy a permitir esas cosas" y recordó que lleva en prisión preventiva por "La Línea" desde el 3 de septiembre, sin una fecha aún para la vista en la que se debe decidir si debe enfrentar un juicio oral y público.

"Me pueden tener detenido, pero no en cautiverio (...). Mi espíritu y mi corazón no está preso", proclamó durante su declaración, a pesar de que reconoció que sus abogados tenían "dudas" sobre si debía o no prestar testimonio, ya que, por ley, no está obligado.

Por el caso TCQ la fiscalía imputó ayer miércoles a Pérez Molina, al igual que a Baldetti, los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude, ya que supuestamente negociaron una comisión de 30 millones de dólares a cambio del usufructo.

De éstos 24,5 millones iban destinados a los socios locales de la estructura, 5 millones para un grupo de argentinos y medio millón para otros gastos.

Pérez Molina acusó a la fiscalía "de mentir" y de ocultar pruebas que según él demostrarían su inocencia, y aseguró que durante su mandato trabajó de lunes a domingos, e incluso festivos, para velar por el bien de Guatemala sin incurrir en ninguno de los delitos que se le imputan.

"Me pude equivocar en algunas cosas (...) pero nunca lo hice intencionadamente ni pensando en intereses propios", proclamó enfático, y acusó a la fiscalía de "corrupción" al negarle información sobre los allanamientos que realizaron en sus propiedades por los casos de corrupción.

"Lo único que pido es independencia de todos los que nos tengan que juzgar (...) que no haya presiones de otros países ni de la CICIG", pero que si las hay, añadió, "no las escuchemos", zanjó Pérez Molina, quien no aceptó preguntas de ninguna de las partes por "consejo" de sus abogados.