Guatemala, 27 abr (EFE).- El expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina, en prisión preventiva por corrupción, aseguró hoy que está arrepentido de haber pedido la prórroga del mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig).

“En la forma como está (el ente de la ONU) y con el actual comisionado sí”, respondió el exmandatario al ser cuestionado por periodistas.

Pérez Molina pidió el año pasado a la Organización de las Naciones Unidas que el mandato de la Cicig, que vencía en septiembre de 2015, se prorrogara hasta 2017.

“Si yo hubiera sabido que esto lo estaban armando de forma mediática no hubiera estado en la disposición (de pedir la prorroga) porque aquí no es para estar haciendo circo, ni show”, manifestó el exgobernante momentos antes de ingresar a la sala del Juzgado B de Mayor Riesgo, donde se celebra una audiencia por un caso de corrupción descubierto en la portuaria Quetzal.

El ex jefe de Estado, de acuerdo con la investigación del Ministerio Público y la Cicig, era uno de los líderes de esta trama junto con la exvicepresidenta Roxana Baldetti, que también asiste a la diligencia judicial.

Ambos están detenidos desde el año pasado por su presunta participación en la defraudación aduanera conocida como “La Línea”, desarticulada en abril de 2015.

Pérez Molina comentó que por el caso de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), filial en Guatemala de la Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), descubierto el pasado 15 de abril, no va a declarar en la primera audiencia por recomendación de su abogado.

El expresidente denunció que el comisionado de la Cicig, el colombiano Iván Velásquez y la fiscal general, Thelma Aldana, están “presionando a los jueces” al decir que tienen que dictar condena.

“Las acciones que ellos están haciendo no son las correctas, no es la forma de estar armando casos, buscando testigos y colaboradores eficaces”, mencionó.

En su opinión, el ente de las Naciones Unidas lo que tiene que hacer es fortalecer las instituciones de justicia.

Además de Pérez Molina y Baldetti, en el caso TCQ se implica a otras nueve personas, entre ellos el director de esa terminal, el empresario español Juan José Suárez.

Durante la audiencia que continúa hoy en su tercer día consecutivo, el fiscal del Ministerio Público (MP) Juan Francisco Sandoval, reproduce las declaraciones de un testigo identificado como César Medina Farfán.

En las declaraciones de prueba anticipada presentadas entre el lunes y martes último, el colaborador eficaz del MP, Juan Carlos Monzón, ex secretario privado de Baldetti, relató que el expresidente se reunió con responsables españoles de la TCQ para pactar la adjudicación de un contrato tras el pago de una comisión de 30 millones de dólares.

De estos, señaló que 24,5 millones iban destinados a los socios locales de la estructura (Pérez Molina y Baldetti), 5 millones para un grupo de argentinos involucrados en la trama y medio millón para otros gastos.