Guatemala, 5 sep (EFE).- Una comisión de cinco diputados opositores integrada hoy será la responsable de investigar al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y recomendar al pleno si este debe perder el fuero para ser investigado por financiación electoral ilícita durante la campaña que lo llevó al poder en 2015.

La comisión pesquisidora será encabezada por el integrante de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) Julio Ixcamey, quien salió de primero en una tómbola en la que se introdujeron los nombres de los 158 congresistas.

Los cinco diputados deberán analizar el expediente del antejuicio autorizado el lunes por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a petición del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que le atribuyen a Morales del delito de electoral cuando era secretario general del oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

El grupo tendrá cinco días a partir de su próxima reunión, convocada para mañana, para entregar un informe con su decisión al pleno de diputados, que tendrá la última palabra.

Ixcamey dijo que quiere que el proceso "sea público y transparente" y anunció que convocará tanto al presidente Morales como a las otras dos partes (MP y Cicig) para conocer sus argumentos.

"Tengo una gran responsabilidad y quiero cumplir con el pueblo de Guatemala", aseguró.

Aunque la mayoría de los 158 escaños del Congreso pertenece a la oposición, y FCN-Nación tiene 37 puestos, distintos sectores esperan alguna influencia del Gobierno en el Legislativo, aunque Morales haya asegurado ayer que siempre ha sido respetuoso de la independencia de los poderes y que no ha interferido en los casos que lo vinculan.

El diputado opositor Amilcar Pop dijo hoy a Efe que es "pesimista" por el futuro del antejuicio porque "los partidos se han alineado para proteger al presidente".

Otro factor que minimiza la esperanza de quienes esperarían ver a Morales enfrentando a la Justicia es el desprestigio del Congreso, de donde han surgido escándalos de corrupción como la creación de plazas fantasmas para extraer fondos públicos.

Pop recordó que por los distintos casos hay 37 antejuicios en proceso en contra de los legisladores.

Y fue precisamente un diputado al que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) autorizó ayer el proceso de desafuero, Orlando Blanco, quien presentó una "moción privilegiada" para integrar este mismo martes la comisión pesquisidora, a pocas horas de que el expediente llegara al Congreso.

Por el proceso realizado al azar, quedó como secretario del grupo de trabajo Juan José Porras, de Visión con Valores (Viva) y como vocales Gabriel Heredia (UNE), Alicia Dolores Beltrán, de Movimiento Reformador (MR) y Eva Monte, de Acción Ciudadana (AC).

El presidente de la comisión indicó en rueda de prensa luego de ser elegido que actuará "sin colores políticos ni partido".

Beltrán, por su lado, dijo que le tomó por sorpresa el sorteo, mientras que Monte, entre lágrimas, manifestó que será "objetiva", aunque aclaró que "nadie quiere estar en esta posición" de decidir el futuro del presidente.

Según la ley, la comisión deberá analizar el expediente del antejuicio autorizado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a petición del MP y la Cicig, que sindica a Morales de financiación electoral ilícita cuando era secretario general de FCN-Nación.

Ese año, según la investigación preliminar, FCN-Nación habría ocultado financiación por 2,3 millones de quetzales (unos 321.217 dólares) y se gastó 4,4 millones de quetzales (603.075 dólares) en pauta publicitaria sin haber explicado a la autoridad electoral el origen de los recursos con los que realizó los pagos.

Aunque la ley guatemalteca no establece un plazo mínimo para entregar el informe, los diputados le fijaron un plazo de cinco días a la comisión para que dé su recomendación al Legislativo.

Si aboga por levantar la inmunidad al mandatario, se convocará a una votación en la que se deben conseguir 105 votos para quitar el fuero a Morales, un número que varios diputados dudan que se pueda alcanzar.

Según la ley, la comisión no tiene que valorar si el presidente Morales es culpable o inocente del delito que se le sindica, sino establecer si existen suficientes indicios de los hechos denunciados por esas instancias el pasado 25 de agosto, cuando pidieron el antejuicio.

Además, deberá determinar si la investigación es promovida por razones "espurias, políticas o ilegítimas".

Hace dos años Guatemala vivió una crisis institucional por un proceso similar que finalizó con el desafuero del entonces presidente Otto Pérez Molina, quien renunció al cargo y permanece desde entonces en prisión preventiva por millonarios escándalos de corrupción durante su Administración (2012-2015).