San Salvador, 22 may (EFE).- Más del 55 por ciento de la población de El Salvador considera que las violaciones a los derechos humanos han aumentado bajo la administración del actual Gobierno, según revela un informe dado a conocer hoy por la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).
En el estudio de opinión se sostiene que el 55,5 por ciento de los salvadoreños considera que las violaciones a los derechos humanos bajo el gobierno de Salvador Sánchez Cerén "han aumentado", mientras que el 21,5 por ciento piensa que "siguen igual", el 19,2 que "han disminuido" y el restante 3,7 por ciento no respondió.
A esto se suma que el 42,4 por ciento de los salvadoreños piensa que la Policía Nacional Civil (PNC) está respetando "poco" los derechos humanos en sus actuaciones y el 21,5 que "nada".
A esta percepción sobre los abusos policiales también se suma que el 65,8 por ciento de los ciudadanos se sienten "poco" o "nada" seguros con la presencia de los agentes; el 19,7 por ciento manifestó sentirse "algo seguro" y el 14,5 "muy seguro".
La encuesta se llevó a cabo entre el 21 de abril y el 1 de mayo de 2018, con una muestra nacional de 1.263 personas adultas, y con un error de muestreo de más o menos 2,8 por ciento y un 95 por ciento de confianza.
Diferentes organizaciones sociales han denunciado en varias ocasiones un incremento en las violaciones a derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad, entre las que destacan las ejecuciones extrajudiciales de supuestos pandilleros, la detenciones arbitrarias de jóvenes y la creación de cárceles clandestinas.
Señalan que esta situación se ha dado principalmente con la instauración de unas medidas "extraordinarias" de seguridad desde 2016 y vigentes hasta el próximo octubre, que incluyen el aislamiento de los pandilleros en las cárceles y la creación de un comando élite que da caza a éstos en las zonas rurales.
El alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra'ad Al Hussein, se mostró alarmado al finalizar una visita al país en noviembre de 2017 por las supuestas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por los cuerpos de seguridad y el retorno de "escuadrones de la muerte" similares a los de la guerra civil (1980-1992).