Guatemala, 6 may (EFE).- El magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala Douglas René Charchal, investigado por una comisión parlamentaria para ver si hay indicios de su participación en hechos de corrupción en la mayor portuaria del país con el fin de retirarle la inmunidad, negó hoy cualquier implicación en el caso.

Charchal, que acudió este viernes a una citación de la Comisión Pesquisidora, conformada por cuatro diputados opositores y un oficialista, dijo que los señalamientos realizados por el Ministerio Público (MP-Fiscalía) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) son imprecisos y aseguró que no demuestran su participación en ningún acto ilícito.

Según la investigación de la Fiscalía, basada en la declaración del colaborador eficaz en el caso TCQ y exsecretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón, Charchal colaboró en diferentes trámites administrativos para lograr la adjudicación de la ampliación de Puerto Quetzal a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

Supuestamente, Monzón le solicitó que se declarara a favor de la empresa un amparo que había interpuesto la Municipalidad del Puerto de San José, Escuintla, donde la compañía se encargaba de la ampliación del puerto.

Además también medió para que no se realizara un pago de 24 millones de quetzales (unos 3,2 millones de dólares) para lograr una licencia de construcción.

TCQ es una compañía propiedad en un 85 % de la holandesa APM Terminals y en un 15 % de la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad del Grupo Banco Mundial.

Según la investigación, el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Baldetti, en prisión por la red de corrupción aduanera “La Línea”, lideraron la estructura, por la que están detenidas otras diez personas, mientras que otras seis tienen orden de captura internacional.

Ante tales hechos, que ya fueron ratificados este jueves por el MP y la Cicig, Charchal dijo que la declaración de Monzón, prueba base en su señalamiento, no debería tomarse en cuenta porque él es “un prófugo de la Justicia y un delincuente”.

Además, según su declaración, no conocía a Monzón, solo lo había visto en “actos protocolarios” realizados en el Palacio Nacional de la Cultura, una de las dependencias del Gobierno ubicada en la zona 1 capitalina, por lo que pidió a los cinco diputados tratar el tema con apego a derecho.

El antejuicio es necesario para despojar de la inmunidad a Charchal y que pueda ser investigado para determinar si incurrió o no en un delito de “tráfico de influencias”.

La comisión presentará un informe, que se prevé firmar mañana, en el que recomendará retirar o no la inmunidad que ostenta el magistrado por su cargo.

Finalmente, en una sesión ordinaria, los 158 diputados llevarán a cabo una votación en la que se necesitan al menos 105 votos para que Charchal pierda la inmunidad y pueda ser investigado.