Managua, 7 ene (EFE).- La vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, dijo hoy que el país avanza en el fortalecimiento de la cultura de encuentro, diálogo, reconciliación y paz, desde las familias y comunidades, en medio de la crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos y detenidos desde abril de 2018.

“Desde hoy están organizados encuentros en cada cabecera departamental para la presentación de los aportes que se han venido generando en las distintas reuniones y asambleas que se han realizado en todo el país para fortalecer esa propuesta”, señaló Murillo, esposa del presidente del país, Daniel Ortega, a través de medios oficiales.

El Gobierno presentó a finales del año pasado una propuesta de política de Estado para alcanzar una cultura de paz y reconciliación, que tiene como fin contribuir al fortalecimiento de un Estado democrático y social de derecho, que promueva una cultura de paz y no violencia, en aras de salvaguardar la paz, la estabilidad, el bien común y la convivencia pacífica entre los nicaragüenses.

Murillo dijo que esa propuesta será presentada ante la Asamblea Nacional (parlamento), aunque no especificó fecha.

Ese proyecto, según los planes iniciales, sería presentado el 3 de diciembre pasado en la sede del Parlamento, pero no se hizo y el Ejecutivo no explicó los motivos.

Desde el pasado 18 de abril Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado entre 325 y 545 muertos, de 340 a 674 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios.

El presidente Ortega reconoce 199 muertos y 340 reos, que llama “terroristas”, “golpistas” y “delincuentes comunes”.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.

Mientras el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tutelados por la CIDH, asegura que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha incurrido en delitos de lesa humanidad en el marco de la crisis.

Ortega, próximo a cumplir doce años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de intento de “golpe de Estado” que, asegura, ya ha sido aplacado.