Tegucigalpa, 21 jul (EFE).- La vicepresidenta del Parlamento hondureño Lena Gutiérrez pagó hoy una fianza de 906.618 dólares que le impuso el pasado 3 de julio un juez por un supuesto fraude contra el Estado, lo que supone la suspensión de su arresto domiciliario.

El abogado de Gutiérrez, Eduardo Montes, dijo a periodistas que su defendida ya pagó la fianza de 20 millones de lempiras (unos 906.618 dólares) que le impuso el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Jorge Rivera, actuando en calidad de juez natural.

Agregó que el pago de la fianza supone la suspensión del arresto domiciliario sobre su defendida, quien esta acusada, junto a otras 15 personas, incluidos 3 familiares suyos, por presunto fraude ligado a una venta de medicinas al Estado a través de una empresa conocida como Astropharma, de la que ha sido socia la familia Gutiérrez.

La presunta venta fraudulenta de fármacos fue hecha a la Secretaría de Salud, en la que han trabajado los otros implicados.

El titular del Supremo hondureño también impuso una fianza a tres miembros de la familia de una de las vicepresidentas del Parlamento, dos hermanos y su padre, el empresario Marco Tulio Gutiérrez.

Esas fianzas “no se van a pagar porque la familia no tiene mayor capacidad”, subrayó el abogado defensor de la familia Gutiérrez.

En el caso de Marco Tulio, se le dictó arresto domiciliario en tanto no pague una fianza de 30 millones de lempiras (1,3 millones de dólares), mientras que sus hijos Ginette y Julio deben pagar 20 millones de lempiras cada uno (unos 906.618 dólares).

Cuando se denunció la participación de los cuatro miembros de la familia Gutiérrez, en junio pasado, la vicepresidenta del Parlamento, diputada del gobernante Partido Nacional, dijo que desde 2009 dejó de pertenecer a Astropharma y que ese año vendió sus acciones.

La familia Gutiérrez y las otras doce personas implicadas en este caso comparecerán ante los tribunales el próximo 30 de julio.

El escándalo se suma a un millonario desfalco al Instituto de Seguridad Social descubierto en 2014, que salpica a funcionarios de los últimos tres Gobiernos, políticos, empresarios y periodistas, entre otros, lo que ha provocado una protesta de diversos sectores del país, entre ellos un movimiento de “indignados”.