San Juan, 8 abr (EFE).- Un legislador del opositor Partido Nuevo Progresista (PNP) presentó hoy un proyecto que pide la derogación de la ley recién aprobada por el Gobierno de Puerto Rico para hacerse con la potestad de declarar unilateralmente una moratoria en el pago de cualquier tipo de deuda pública.

El representante José Enrique «Quiquito» Meléndez radicó hoy este proyecto para buscar la derogación de la citada ley y «disponer para que toda gestión ejercida o iniciada a su amparo sea enteramente revertida y dejada sin efecto».

Puerto Rico afronta una difícil situación financiera, con una deuda de unos 73.000 millones de dólares, sobre la cual el gobernador Alejandro García Padilla ha dicho que no podrá pagarse como estaba acordado y por ello pidió que el territorio pueda acogerse al Capítulo 9 de la ley de quiebras federal estadounidense.

En un comunicado, Meléndez explicó que su iniciativa responde a la forma «atropellada» en que la ley de moratoria fue aprobada, ya que ambas Cámaras legislativas le dieron paso de madrugada y sin debates previos.

Además, ha generado una frontal oposición desde «los sectores económicos y políticos, y de expertos en la materia de derecho constitucional, quienes señalan que la ley en cuestión no se debió realizar sin un debido proceso de vistas públicas».

«La nueva ‘Ley de Moratoria’ se aprobó además sin que se estudiaran a fondo todos los posibles conflictos legales y anticonstitucionales que contiene», reivindicó el legislador.

En su opinión, la nueva ley «otorga poderes excesivos al gobernador evidentemente inconstitucionales, como disponer de múltiples disposiciones de ley sin necesidad de legislación».

«Adicional, le otorga el poder de menoscabar el derecho a la propiedad autorizándolo a expropiar todos aquellos negocios que entienda son esenciales para el funcionamiento del Gobierno», apuntó.

A ese respecto, señaló que «esta autoridad choca con la máxima constitucional de que no se privará a nadie de su propiedad sin el debido proceso de ley».

Esta petición tiene lugar después de que en los últimos días la la clase empresarial de Puerto Rico pidiera igualmente desde diferentes frentes que se derogue la controvertida ley.

La Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR) aseguró que la ley «establece mecanismos y procesos totalmente ajenos» al «sistema de gobierno de ley y orden».

Para el presidente de la ACPR, Ricardo Álvarez Díaz, la ley, firmada el miércoles por el gobernador, daña el «sistema constitucional, federal y estatal y menoscaba las protecciones constitucionales, relaciones contractuales, derecho de propiedad privada y acceso a remedios judiciales que ciudadanos y empresas tienen frente al Estado».

En su opinión, la norma también crea «una seria incertidumbre y desasosiego en toda la industria de la construcción, la ciudadanía en general y muchas otras organizaciones y empresas de otros sectores importantes para la economía de Puerto Rico».

Para el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, José E. Vázquez Barquet, la nueva ley también es «inaceptable, nefasta, viola la Constitución de Puerto Rico, menoscaba relaciones contractuales y afecta aún más el ambiente de negocios en Puerto Rico».

«Es el resultado de un acto irresponsable que afecta la imagen de Puerto Rico en los mercados internacionales y deja indefenso al sector comercial -suplidores del Gobierno- y sus empleos, dando poderes al gobernador para expropiar sus negocios de manera unilateral», lamentó.