San Juan, 9 sep (EFE).- Los partidos de la oposición en Puerto Rico criticaron hoy el plan propuesto por el Gobierno a los bonistas para tratar de renegociar con ellos gran parte de la deuda por incluir recortes de derechos laborales y por transmitir un mensaje de «amenaza» a los mercados financieros.
El líder del opositor Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, dijo que en el propio informe presentando por el Gobierno se concluye que la raíz de los problemas de Puerto Rico es su estatus de Estado Libre Asociado de EE.UU., por lo que defendió que se debe buscar de una vez la plena anexión de la isla a ese país.
La representante Lourdes Ramos, de ese mismo partido, dijo que el plan del Gobierno «pretende pintar al pueblo, al trabajador y al contribuyente, como los responsables de la crisis» y acusó al Gobierno de llevar a la isla «al borde de la quiebra» y provocar la pérdida del acceso al mercados.
También lo acusó de propiciar «la pérdida de la credibilidad de la que siempre había gozado la isla por el impago a las obligaciones contraídas».
«El plan en realidad establece que los grandes sacrificios los realiza el obrero, el empleado joven sin salario mínimo, el trabajador que ahora estará a expensas de despidos injustificados y la limitación de derechos adquiridos tras 80 años de lucha laboral», añadió.
Thomas Rivera Shatz, senador del PNP, dijo que la iniciativa supone una «amenaza a los acreedores» de que no se va a pagar la deuda, algo que «tendría unas consecuencias catastróficas para el pueblo».
«La confusa ruta que propone el gobernador va en la misma dirección que lleva su administración; elevando aún más el altísimo costo de la vida en Puerto Rico con mayores impuestos a la clase media y a los trabajadores, provocando mayor desempleo y perpetuando la crisis en nuestra economía», criticó.
Desde el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) se aseguró este miércoles que el plan es «la certificación de que este Gobierno le ha declarado la guerra a la gente trabajadora con tal de seguir protegiendo a los privilegiados de siempre».
Consideró que la propuesta «condena al país al recorte de servicios públicos, al empobrecimiento de los trabajadores y a la perpetuación de una política fiscal en la que los que más se enriquecen, menos contribuyen».
A su juicio, la medida «no contiene ninguna iniciativa de desarrollo ni ninguna intención de atender los problemas de pobreza y desigualdad que vive la gente, pero sí la promesa de no aumentar las contribuciones a las grandes corporaciones extranjeras».
El Gobierno de la isla propuso hoy reestructurar deuda por valor de 47.000 millones de dólares, lo que significa el 65 % del total, y pidió a los titulares de bonos que le eximan de pagar en los próximos cinco años unos 13.000 millones de dólares, el 72 % de los que debería abonar en ese periodo.
Todo ello, después de aplicar diversas medidas de austeridad, entre las cuales no está el despido de trabajadores del sector público, el mayor empleador de la isla, y de acometer iniciativas para tratar de recuperar el crecimiento económico tras casi una década de recesión.