San Juan, 19 jun (EFE).- Un juez federal ordenó hoy el embargo de las cuentas del Departamento de Salud de Puerto Rico, después de que esta instancia presentara un cheque sin fondos por 3,6 millones de dólares, 6 millones menos de lo que adeudaba.

El embargo decretado por el juez federal Jorge Gelpí -que el Departamento de Salud ya ha anunciando su intención de apelar- asciende a 9 millones de dólares y es para garantizar el pago el pago de los Centros de Salud Primaria 330.

Estos centros se llaman así porque no reciben asignaciones presupuestarias estatales, sino que obtienen sus fondos de la Sección 330 de la Ley de Salud Pública Federal.

Como proveedores de salud, también facturan sus servicios a los planes médicos, incluido el del Gobierno de Puerto Rico.

Existe cierta polémica sobre el gran número de centros sanitarios que coexisten en una isla donde la población tiende a menguar y los recursos públicos escasean.

El Gobierno de Puerto Rico emitió el jueves pasado un pago de 3,67 millones de dólares para sufragar la deuda del primer trimestre de 2015 pendiente con esos centros, pero explicó que no había fondos para cobrarlos.

Según del Departamento de Salud, esa cantidad solo se podrá cobrar a partir del 1 de julio, cuando comience el próximo ejercicio fiscal.

El juez ya había ordenado que se debía saldar la deuda antes del 17 de junio y había amenazado con embargar las cuentas del Gobierno si no se pagaba esa cuenta, que según los citados centros en realidad asciende a 9,39 millones de dólares.

«A la luz del flagrante fracaso del Gobierno estatal para cumplir con la orden (…), la corte no tiene otra opción más que emitir una orden de embargo», explicó en su orden.

El Gobierno discrepa sobre la cantidad de la deuda y asegura que solo debe 3,67 millones de dólares, mientras que el juez acusa al Departamento de Salud de haber cometido una «irresponsabilidad gigantesca y una mala práctica» al no presupuestar estos gastos.

«El Gobierno voluntariamente acordó participar en los programas de Medicare y Medicaid. Recibe millones de fondos federales y, a cambio, tiene que cumplir con las regulaciones federales», afirma el juez.

Añade que «la corte tiene la obligación constitucional de hacer valer las leyes federales, aun entendiendo la crisis fiscal que enfrenta el Gobierno desde administraciones pasadas».

«Esta no es una nueva obligación que enfrenta. Lo sabe desde hace mucho tiempo y debe presupuestar los millones de dólares que le competen», concluye el magistrado.

Poco después de conocerse el embargo, la secretaria de Salud puertorriqueña, Ana Ríus, dijo en unas declaraciones escritas que «la recomendación del Departamento de Justicia sobre el caso de los 330 es apelar el mismo en el Circuito de Boston».

«Solo quedarían por pagar 4 millones de dólares que nosotros no reconocemos, ya que en nuestra agencia se efectuó un proceso de auditoría en el cual se determinó que la deuda era de 5,4 millones y no de 9,4 millones de dólares», dijo.

«No pagamos porque nos neguemos a pagar o porque no haya dinero, sino porque se hizo una auditoría y lo que refleja es que la cantidad real a pagar es de 5,4 millones y no de 9,4», insistió.

En ese sentido, criticó que el juez no aceptara los resultados de la auditoría y dijera que «primero pagáramos y luego se nombraría un monitor para hacer la correspondiente reconciliación».

«Por eso estaremos apelando», explicó, para luego destacar que «esta es la primera vez desde los comienzos del caso de los 330 que se hace una auditoría con data real y no estimada».