San Juan, 6 abr (EFE).- La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de Puerto Rico, entidad de control federal al Ejecutivo de la isla, estudia a partir de hoy los planes fiscales del Gobierno puertorriqueño que han generado un debate por los recortes “que no se incluyeron”.

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, dejó claro la noche del jueves, cuando los planes fiscales fueron remitidos a la JSF, que no se incluyeron, tal y como ésta exigía, ni recortes en las pensiones de los funcionarios ni una reducción de los derechos laborales de los empleados públicos de la isla, que es un Estado Libre Asociado de EE.UU.

Rosselló aseguró además que aunque la JSF apruebe por su parte un Plan Fiscal alternativo para el Gobierno central, con esos recortes no va a implementarlos ya que la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) estipula que la política pública es un área exclusiva en manos del Ejecutivo de la isla.

La JSF, entidad que estableció Promesa, ley aprobada por el Congreso en Washington para abordar el asunto de una deuda impagable que ronda los 70.000 millones de dólares, sostiene que esa legislación sí le permite imponer directrices al Ejecutivo.

Rosselló aseguró que está dispuesto a llegar hasta donde haga falta, por lo que analistas locales entienden que el asunto podría terminar en los tribunales federales.

Y además consideran que este escenario de enfrentamiento no beneficia a una economía en caída desde hace una década, una situación agudizada por los graves destrozos causados por el huracán María del pasado mes de septiembre.

El Gobierno justifica su oposición ante las supuestas imposiciones de la JSF, al considerar que no es entendible que, por ejemplo, esa entidad trate de establecer medidas para gestionar la congestión en la circulación de vehículos, tales como prohibir que automóviles, según la matrícula, circulen en ciertos días.

La JSF cuenta desde hoy con los seis planes fiscales, el del Gobierno central y seis agencias, con sus correspondientes revisiones, a los que se suma una carta del gobernador, remitidos por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico a la entidad federal.

Uno de los puntos más destacados del Plan Fiscal del Gobierno central es que no adopta el recorte a las pensiones ni propone medidas para la reforma laboral, aunque la JSF pedía un recorte en los permisos de vacaciones y enfermedad y la eliminación de paga extraordinaria de Navidad.

Además se solicitaba una reducción en las pensiones de los funcionarios cercana al 10 %.

El Plan Fiscal del Gobierno central incluye un presupuesto de 1.400 millones de dólares durante los próximos 6 años destinados al proceso de quiebra bajo el Título III de Promesa.

Ese título es un híbrido entre los capítulos 9 y 11 del Código de Quiebras de EE.UU. que tiene como objetivo reestructurar una deuda impagable de cerca de 70.000 millones de dólares.

Permite al Gobierno de Puerto Rico renegociar con los tenedores de su deuda pública y la que mantiene con sus acreedores de bienes y servicios.

En ese presupuesto para el proceso de quiebra bajo el Título III se incluyen 60 millones de dólares para la operatividad de la JSF, que solicitó un aumento para el próximo ejercicio, a lo que se debe sumar el costo de los abogados y asesores del ente federal.

El presupuesto del Gobierno central entregado a la JSF prevé un superávit de 6.400 millones de dólares hasta el año fiscal 2022 si no se incurre en pago de la deuda, pero si destinaran fondos para ello habría un déficit de 2.100 millones de dólares.

El gobernador confirmó que los planes fiscales presentados sí incluyen buena parte de las peticiones de la JSF, tras incidir en que el desacuerdo no es con los recortes sino con cómo se deben conseguir éstos, es decir en la política pública, para el Ejecutivo un campo en el que en ningún caso puede entrar la entidad de control.

La JSF no se ha pronunciado todavía sobre los documentos remitidos por el Ejecutivo anoche.