Guatemala, 2 ago (EFE).- El ingreso en un hospital psiquiátrico público del exdictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt, quien se enfrenta a un juicio por genocidio, se convirtió en un pulso legal entre la defensa y la Fiscalía, cuya pugna deja a un margen a las víctimas que claman por una Justicia cuasi utópica.

Un grupo de fiscales y una ambulancia de la Cruz Roja llegaron el pasado jueves a la vivienda donde el general golpista (1982-1983) permanece bajo arresto domiciliario.

El objetivo era ejecutar la orden de traslado del Tribunal B de Mayor Riesgo expedida el pasado 23 de julio, en la que dictaba el internamiento del acusado y que fue una jugada que sorprendió a propios y a extraños.

No obstante, el grupo de abogados del supuesto genocida interpuso un nuevo recurso para evitar que se consumara el procedimiento. Y consiguieron su propósito: por segunda vez en menos de una semana el traslado de Ríos Montt al sanatorio mental Federico Mora se cancelaba.

Y es que este no era el primer intento. El sábado 25 de julio era el día marcado por el alto tribunal que ve el proceso, encargado de casos de gran impacto social, para que internasen al exdictador.

Pero la defensa de Ríos Montt sacó ese día una carta de debajo de la manga, que no un as definitivo, para evitar que su patrocinado ingresara en un centro asistencial señalado por el procurador de los Derechos Humanos (PDH) de Guatemala, Jorge de León Duque, como el peor del mundo.

Un calificativo que el grupo de letrados de la defensa del exdictador, al igual que su hija, la candidata a la Presidencia del país por el partido Visión con Valores (VIVA), Zury Ríos Sosa, no dudaron en usar como excusa para argumentar que no reunía las condiciones necesarias para el ingreso del general retirado, un anciano de 89 años con grandes achaques de salud.

Ríos Montt enfrenta un nuevo juicio por la masacre de 1.771 indígenas ixiles y mayas a manos del Ejército de Guatemala durante su régimen de facto entre 1982 y 1983.

A pesar de todas estas apelaciones que intentan demorar el ingreso y que alegan que la resolución es un atropello contra los derechos humanos, el Tribunal B de Mayor Riesgo, presidido por la jueza María Eugenia Castellanos, parece querer asumir un papel díscolo en el proceso judicial para sentar un precedente histórico.

No cede a las presiones que puedan suscitar los numerosos amparos y esta misma semana volvió a ratificar su decisión: Ríos Montt debe ingresar en el hospital psiquiátrico nacional.

Pero por el momento la Fiscalía no ha sido notificada de este veredicto, tal y como pudo confirmar Efe, y no tiene constancia de si se mantiene el internamiento en el mismo sanatorio público.

La defensa de Ríos Montt hizo lo posible por anular el proceso desde un principio, entregando incontables solicitudes en las que exigía la suspensión.

En las últimas, presentadas el pasado mes de julio, los letrados aseguran que la incapacidad mental de su protegido le impiden seguir el proceso y ser consciente de los delitos que se le acusan, tal y como informó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en una evaluación médica en la que le diagnosticaba a Ríos Montt un "deterioro cognitivo" irreversible: demencia.

La otra parte del caso, los representantes de las víctimas de ese genocidio, rechazaron esta semana cualquier opción que no sea ingresar al exdictador en el centro público, tal y como plantea la defensa, que propone dos hospitales privados de la capital: el centro militar o la clínica Los Pinos.

Este rechazo se plasmó en una querella presentada el viernes por el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh) ante la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica del país.

El que fuera jefe de facto ya fue condenado el 10 de mayo de 2013 a 80 años de prisión por genocidio y deberes contra la humanidad, pero 10 días después la CC, anuló la sentencia al argumentar irregularidades en el proceso.

El 5 de enero estaba programado que empezase el nuevo litigio, pero los abogados del exdictador recusaron a la jueza de aquel entonces y la Corte Suprema de Justicia tuvo que reprogramar una nueva fecha, que fue el pasado 23 de julio.

La pregunta, con el inicio del proceso ya en marcha, es clara: ¿Volverá la Justicia guatemalteca a dar un golpe encima de la mesa y sentar un precedente histórico o permitirá que la demencia sea la excusa para evadirla?

Mientras el tiempo resuelve esta incógnita, el general anciano retirado sigue en su domicilio, a expensas de que la Justicia, o el devenir del tiempo, determinen su futuro.